Pérdidas por deudores incobrables

JORGE CÁMERON

 Gerente de  Impuestos

Amaral & Asociados

¿Durante cuánto tiempo se debe mantener una cuenta a cobrar considerada como incobrable en el balance de la empresa? ¿Debo aguardar a que se cumplan las condiciones de incobrabilidad fiscal exigidas en la normativa del Impuesto a la Renta para darla de baja del activo y así poder computar la correspondiente pérdida generada por el deudor incobrable como deducible en la liquidación del Iracis o del Iragro? Seguidamente trataremos de aclarar estas dudas que habitualmente se le plantean a los Contadores responsables por la liquidación de impuestos.
Primeramente resulta importante mencionar que para que un crédito comercial pueda ser computado fiscalmente como incobrable –y por lo tanto deducible a los efectos de la liquidación del Iracis o del Iragro–, basta con que el mismo cumpla con alguna de las condiciones establecidas por la normativa fiscal para ser considerado como tal. No se exige que el referido crédito sea dado de baja contablemente con cargo a pérdidas del ejercicio para que el mismo pueda deducirse en el cálculo del impuesto, ni sería un obstáculo que el crédito en cuestión ya hubiera sido dado de baja contablemente en un ejercicio anterior a aquél en que se cumpla con alguna de las referidas condiciones de incobrabilidad exigidas por la normativa fiscal.
En efecto, dicho crédito no necesariamente debe tratarse como pérdida en el estado de resultados para ser computado como gasto deducible, sino que podría ser incluido como una baja de renta en el cálculo del impuesto a los efectos de aplicar su deducibilidad. Técnicamente, se entiende por “baja de renta” a la disminución del resultado contable del ejercicio, a través de un ajuste fiscal. Así pues, si la normativa fiscal permite deducir la pérdida de un activo, y esta pérdida no se encuentra registrada contablemente en el estado de resultados de ese ejercicio (ya sea porque se lo reconoció contablemente como pérdida en otro ejercicio, o bien porque se optó por mantenerlo registrado contablemente en el activo con base a la mejor estimación de la gerencia de la empresa), esto no implica que no se pueda realizar en ese ejercicio el reconocimiento de dicha pérdida a los fines impositivos.
Respecto a este último aspecto, cabe aclarar que la Ley Nº 125/91 y sus reglamentaciones tratan materias fiscales, y por tanto no pueden disponer los criterios de contabilización que deben seguir los contribuyentes. Dichos criterios están definidos por la normativa contable (Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) Nº 9, la cual exige que las empresas reconozcan las pérdidas por incobrabilidad en la medida que existan indicios de ello), así como por las políticas que al respecto definan seguir las empresas.

Por lo tanto, la normativa fiscal no puede imponer al contribuyente el momento en el cual éste debe registrar contablemente la pérdida ocasionada por la incobrabilidad de un crédito. Contablemente dichas pérdidas deben ser registradas cuando la empresa considere que efectivamente el crédito ha pasado a ser irrecuperable de acuerdo con las normas contables profesionales aplicables.
De esta forma, al señalar la Ley Nº 125/91 que se “deducirán los castigos sobre malos créditos”, la normativa hace referencia a la deducción que deberá practicarse a la renta bruta fiscal, a los efectos de determinar la renta neta fiscal imponible, siendo éstos conceptos tributarios y no contables. Es decir, no significa que necesariamente para que un gasto sea deducible el mismo deba contabilizarse con cargo a los resultados del ejercicio. Contablemente existe un resultado del ejercicio, el cual por lo general es distinto a la renta neta fiscal imponible, ya que a esta última se llega a través de ajustes fiscales (créditos o castigos) al resultado contable del ejercicio.
Dichos ajustes se originan en la aplicación de criterios fiscales referidos a la deducibilidad o no de ciertos gastos, o bien por criterios fiscales que afectan la valuación de activos y pasivos, los cuales necesariamente deben ser aplicados por las empresas a los efectos de determinar correctamente su renta neta fiscal imponible y, consecuentemente, liquidar adecuadamente su impuesto.

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