A la cola en fondos previsionales

No es un secreto para nadie que las entidades que manejan fondos de jubilación y pensión, tanto públicas como privadas, carecen de un sistema de supervisión y auditoría general que garantice el correcto uso e inversión de alrededor de US$ 1.400 millones en aportes. Pensemos por un momento: son 7,84 billones de guaraníes que se mueven cada año en el sistema que, de todas maneras, es aún pequeño si lo comparamos con los de otros países de América Latina.
El Banco Mundial califica de “controversial” la discusión sobre el rol del Estado en los sistemas previsionales como facilitador, regulador o proveedor de los beneficios. Y advierte: “La cobertura previsional es uno de los principales indicadores de efectividad de la política pública en relación a la seguridad social, junto a otros aspectos como la adecuación de los beneficios y la sostenibilidad tanto financiera como política”.
La cobertura de la población económicamente activa con seguro social ha sufrido sobresaltos en América Latina a lo largo de los años. Los países que más han crecido son Costa Rica con el 55% de la PEA incluida en el sistema, Uruguay con el 68% y Chile con el 73%. El segundo grupo lo componen Panamá, Brasil y Argentina con un promedio del 50%. En los puestos penúltimo y último estamos Paraguay con el 17% y Bolivia, 15%. La media latinoamericana es del 42% así que es fácil deducir que no sólo estamos a años luz de Chile y Uruguay sino del mismo promedio general del continente.
¿Qué determinó la vasta cobertura en los tres primeros países citados? Dejamos a un lado Chile, cuyo modelo ha sido cuestionado, casi siempre, por razones ideológicas. Veamos Uruguay, que desde 1995 puso en marcha la reforma del sistema de seguridad social con la aplicación de un sistema mixto de protección social en lo referente a jubilaciones y pensiones para la vejez. Este esquema establece que los aportes y las prestaciones se producen, por una parte, a través del régimen de solidaridad intergeneracional –unos aportan y otros retiran- y otra por el régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio. Estos últimos fondos se acumulan en una cuenta personal del asegurado que manejan las administradoras de fondos de ahorro previsional. La Supervisión de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay se encarga de auditar estas cuentas. Lo mismo hace el Banco Central de Costa Rica a través del Conassif mientras que en Chile, la Superintendencia de Pensiones adopta la forma de un organismo autónomo que representa al Estado ante el sistema chileno de pensiones y que se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Tres ejemplos de éxito, tres modelos escrupulosamente cuidados, auditados y supervisados que, aunque aún enfrentan problemas propios del crecimiento y consolidación, sirven al trabajador en su cobertura de futuro y al Estado y al sector privado en su demanda de fondos de inversión. En el Paraguay, mientras tanto, seguimos en la oscuridad, en la duda y en la ineficiencia.

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