El propósito viene envuelto en una nube de buenas intenciones. El proyecto de ley de modificación de la carta orgánica del Banco Nacional de Fomento (BNF) aparenta una seriedad de objetivos inobjetable. Sin embargo, apunta principalmente a perfeccionar una herramienta mediante la cual el Poder Ejecutivo pasa a tener la iniciativa en el nombramiento de directores del ente financiero estatal, es decir, del gobierno efectivo del mismo. De esta manera, de la idea de una gobernanza integradora se vuelve al principio de concentración de poder en pocas manos, todas del Poder Ejecutivo. La idea de abrir más el juego en una banca concebida para servir al ciudadano en sus demandas de productos bancarios modernos –especialmente enderezados al desarrollo- queda así trunca y a mitad de camino hacia ninguna parte. Por el contrario, lo que refleja el proyecto es una retrogradación en los procesos de modernización de la gestión pública.
Hacia los años ‘90 y como resultado de la evolución hacia la economía globalizada, se comenzó a generalizar el principio de gobernanza como una fórmula para darle eficacia, calidad y buena orientación a la intervención del Estado. El término encaja claramente con aquella idea de “innovar en la manera de gobernar un país”. Y para innovar hace falta cambiar no solo las formas sino también el fondo de la gestión. Lo que se propuso, tomando la caída de la Unión Soviética como un punto de referencia, es intensificar la interacción de las administraciones públicas con el mercado y las organizaciones privadas, entendiendo que las empresas, las patronales, los sindicatos y todos los actores de la sociedad civil no responden a un orden piramidal jerárquico sino que se integran en red con una intensa participación e interacción. En sociedades que han avanzado notablemente en este principio de gobernanza se comienza a aplicar ya el modelo de “gobierno relacional”, que reemplaza el principio de jerarquía administrativa piramidal a favor de la cooperación, mejorando sus herramientas de información interna y externa y poniendo en práctica una mayor relación con el entorno al que sirve.
Siempre se esperó que, en el caso del BNF, se introdujeran reformas de fondo para que el destinatario de sus servicios accediera, transparencia mediante, a la arquitectura administrativa y de gestión del ente. Pero no sólo a eso. Se buscaba además que también participara en la planeación de objetivos adecuados a la demanda de sus servicios financieros. Nada de eso se está cumpliendo. Los estados contables del BNF, puestos en sus balances anuales, son una fotografía inerte que documentan hechos consumados. Y en cuanto a que el ciudadano objeto de su existencia participe de los planeamientos para el futuro, ni hablar. Por ahora, cabe suponer y no sin razón, que el BNF seguirá siendo un coto de caza particular de los políticos, sobre todo, de los que están al frente de la República y lo usan como repositorio de operadores en tiempo electoral. Apenas eso.