España da un paso más para frenar la violencia contra las mujeres

El pasado 24 de julio se marcó un día histórico en la legislatura española: Un pacto para atajar la violencia contra la mu­jer. Los partidos políticos acordaron un plan de 200 medidas y un presupues­to de 1.000 millones de euros para hacer frente a las agresiones hacia el género femenino.

El pacto alcanzado des­pués de seis meses de tra­bajo y 66 comparecencias de expertos, contempla medidas para prevenir la violencia machista desde el colegio, ampliar la pro­tección y cambiar los cri­terios de acreditación de las víctimas para incluir a aquellas que aún no han interpuesto denuncia y garantizar su seguridad y la de sus hijos. Otorga también una prestación durante seis meses para que puedan comenzar su nueva vida.

Una de las medidas más demandadas que introduce el pacto es la creación de protocolos en la atención primaria sanitaria y en las urgen­cias para que los médicos contribuyan a detectar a posibles víctimas cuando se produzcan los prime­ros abusos.

LA LEY EN PARAGUAY

En diciembre del año pasado, fue promulga­da la Ley Nº 5.777 “De protección integral a las mujeres, contra toda for­ma de violencia”, luego de una larga lucha por conseguir una normati­va que las proteja de los maltratos y golpes físicos y psicológicos.

En esta normativa se implementa el feminici­dio como delito penal, lo que entra en rigor a par­tir de mañana.

La expectativa de pena del feminicidio va de 10 a 30 años. “La realidad, lastimosamente, nos lleva a tener que imple­mentar este delito. En este año ya tenemos 38 casos de feminicidio en nuestro país, es decir una muerte cada 9 días. Pero cabe resaltar que no siempre la muerte de una mujer es feminici­dio”, había manifestado en aquella ocasión la mi­nistra de la Mujer, Ana Baiardi.

En cuanto a las medi­das de protección contra la violencia doméstica, la ley estipula que en los casos de violencia entre cónyuges, convivientes o parejas sentimentales, aunque se trate de rela­ciones vigentes o finali­zadas, la persona denun­ciada se mantenga a una distancia determinada mínima de la mujer, de sus hijos y de otras per­sonas vinculadas a ella.

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