Contratos agropecuarios: Ahórrese dolores de cabeza

Federico Silva
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La agricultura y la ganadería son actividades económicas y sociales de gran peso y tradición en Paraguay. En ese marco, los vínculos entre los agronegocios, las economías locales y la marcha de la macroeconomía nacional siempre fueron estrechos.

En la actualidad, adicionalmente, la modernización e intensificación de las actividades agropecuarias supone inversiones tecnológicas de alta complejidad y, en términos generales, eso ha ido generalizando prácticas asociativas. En la medida en que los productores ya no puedan ser autosuficientes, como siempre lo fueron, deben conformar equipos de trabajo, asociaciones de consumo y comercialización, sociedades. La norma es establecer conglomerados para reducir costos y riesgos. Todas y cada una de estas formas de trabajo implican la firma de contratos agropecuarios, que regulan aspectos de vital importancia en el relacionamiento de sus partes, permitiéndoles anticipar situaciones desfavorables y evitarse grandes dolores de cabeza. Por ende es primordial conocer el marco legal aplicable a este tipo de contratos y la lógica de procedimientos más eficiente.

EL CONCEPTO

Contratos agropecuarios son aquellos vinculados a la actividad agropecuaria. Abarcan todas las situaciones relacionadas con cosas de otros que el productor desee o tenga que usar, o servicios que un productor no quiera o no pueda hacer por sí, como el arrendamiento de campos para trabajar, asociaciones al efecto, servicios de siembra, de fumigación, alquiler de máquinas, ejecución de obras y otros. El Estatuto Agrario en sus artículos 81 a 87 establece normas especiales para la locación, la aparcería y el trabajo societario, exigiendo que se hagan por escrito y prohibiendo la subcontratación. No obstante, en todo lo no legislado expresamente por el Estatuto Agrario, y en otros contratos agrarios no previstos en este, supletoriamente aplica el Código Civil (el “CC”).

LOCACIÓN RURAL Y APARCERÍA

La locación rural consiste en la concesión temporal del goce de un inmueble campestre por un tiempo determinado por un precio, para que el locatario lo destine a la agricultura o la ganadería, según el contrato. Por su parte, en el contrato de aparcería, una de las partes entrega a la otra animales o un inmueble rural, insumos o elementos de trabajo para la explotación agropecuaria, para luego repartirse las ganancias. A diferencia de la locación, como la aparcería es una suerte de sociedad, las partes participan no sólo en las ganancias sino también en las pérdidas.

La explotación agropecuaria se hace de común acuerdo entre las partes, por ejemplo en lo relativo a tipo de cultivo o de crianza, por lo que el aparcero no tiene la libertad del locatario, que salvo indicación contractual contraria no tiene limitaciones sobre cómo ejecutar la explotación. Así, el artículo 82 del Estatuto Agrario exige que en todo contrato de locación rural y de aparcería conste: a) el número de finca involucrada con su respectivo padrón y superficie afectada; b) el canon en dinero o en productos que debe pagar el locatario o el aparcero; c) el plazo; y d) las mejoras que el locatario o el aparcero pueden introducir al inmueble, aclarando si el propietario debe indemnizarles o no por las mismas al fin del contrato, y como debe ello pagarse. El canon acordado libremente por las partes debe ser anual (art. 83). Por aplicación supletoria del artículo 870 del CC el plazo del contrato de locación rural no puede superar cinco años, salvo que se entregue el inmueble para plantaciones que requieran largo tiempo para alcanzar resultados productivos, cuando puede alcanzar 20 años. Esta limitación no aplica a la aparcería, pues sus características están más cerca de la sociedad que de la locación.

TRABAJO SOCIETARIO

El “trabajo societario” o la “sociedad rural”, es un contrato previsto en el artículo 84 del Estatuto Agrario. Bajo el mismo el propietario de un inmueble rural lo entrega a otro para que lo explote, junto con otros bienes necesarios para ello, como maquinarias, implementos o insumos, y la otra parte normalmente aporta su trabajo u otros bienes para el mismo fin. Todo depende de cuánto convengan las partes. Sin embargo, el contrato debe consignar: a) la superficie de tierra afectada, su número de finca y padrón; b) otros aportes del propietario aparte de la tierra; c) las tareas o aportes a cargo de quien toma a su cargo la explotación; d) el plan de producción; y e) la distribución de los productos, pérdidas o utilidades. La proporción de los beneficios puede acordarse libremente
(art. 85). A su vez, de acuerdo a la Resolución 39/14 de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), si los ingresos de una explotación agropecuaria superan mil millones en un ejercicio, debe constituirse como sociedad comercial o formalizar un contrato societario rural. Si esto no se cumple no se le expedirá el Certificado de Cumplimiento Tributario ni la autorización para el timbrado de documentos. Conforme a la Resolución 28/14 el contrato se inscribe en el RUC, con lo cual adquiere su propio identificador tributario. Las actividades involucradas están gravadas con todos los impuestos, como IVA e Iragro.

SERVICIOS

En el rubro agropecuario los contratos para ejecutar los trabajos propios de la actividad mediante el empleo directo de personas son los más comunes. Estos se rigen por el Código del Trabajo (“CT”), y pueden ser por tiempo indeterminado o determinado. En ambos casos los empleados deben estar inscriptos en el Instituto de Previsión Social (IPS), deben hacerse los aportes correspondientes y pagarse al menos el salario mínimo. La jornada máxima de trabajo es de ocho horas diarias o 48 horas semanales, salvo accidentes o peligros graves que amenacen la existencia de personas, animales o cultivos, reparaciones urgentes de máquinas o lugares de trabajo o casos de fuerza mayor que exijan continuar las labores hasta superar la contingencia, cuando pueden excederse los límites, pero deben pagarse horas extra (art. 182 CT).

Los trabajadores no pueden trabajar más de 12 horas diarias sin un descanso mínimo de una hora y media durante la jornada. Si por la naturaleza de la explotación el trabajo es periódico o discontinuo, como en las zafras, los contratos pueden suspenderse anualmente y ejecutarse solo durante el tiempo en que el trabajo se necesita (art. 71 – j – CT). Si los trabajos no son directamente inherentes a la explotación agropecuaria, como una fumigación, o el cambio de alambrados, pueden instrumentarse mediante contratos civiles de servicios, bajo los artículos 845 a 851 del CC. En este marco la remuneración puede pactarse libremente entre las partes. Si se fija un plazo, que no puede exceder de cinco años, el contrato termina a su fin.

RESPONSABILIDADES POR DAÑOS

Bajo el artículo 1.842 del CC, quien causa un daño ilícito actuando bajo dependencia o con autorización de otro, compromete también la responsabilidad de éste. Así, por lo general el contratante responde por el hecho de sus empleados o contratados, salvo que el daño sea consecuencia de culpa del afectado o caso fortuito. Por su parte, como la ejecución de actividades agropecuarias implica un riesgo, bajo el artículo 1.846 del CC, quien las lleva a cabo debe responder por los daños causados en su marco, salvo fuerza mayor o que el perjuicio fuere culpa del afectado o de un tercero por quien no deba responder, como podría ser el caso de un prestador de servicios independiente.

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