MOPC presenta certeza constitucional por APP

SOSTIENE QUE CGR SE EXTRALIMITÓ EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a través de sus representantes jurídicos, presentó ayer ante la Corte Suprema de Justicia una acción de certeza constitucional en salvaguarda de la Ley 5.102 de alianza público privada.

TRANSPARENCIA El MOPC

ratifica que el proceso de licitación para la modernización del aeropuerto internacional “Silvio Pettirossi”, bajo el régimen de la Ley de Alianza Público Privada (APP), se lleva adelante con transparencia, dentro del más absoluto respeto a las normas legales que rigen la materia, por lo que no corresponde la cancelación recomendada por la Contraloría General de la República (CGR).

El mencionado proyecto cuenta con un presupuesto aprobado de US$ 150 millones. La acción de certeza constitucional pretende que la Corte Suprema de Justicia, como máxima instancia judicial, determine a ciencia cierta si el actuar de la Contraloría General en relación a la licitación del aeropuerto internacional se ajusta o no a las competencias que le otorgan las leyes.

El MOPC sostiene que la Contraloría General se ha extralimitado en el ejercicio de sus funciones y con ello ha socavado todo un procedimiento establecido para un concurso de APP en la propia Ley 5.102, en el decreto reglamentario y en las demás leyes que hacen al universo jurídico en esta materia.

Según menciona un comunicado del MOPC el viernes 27 de octubre pasado desistió de la acción judicial presentada el 10 de julio del corriente año ante el Tribunal de Cuentas, considerando que era la decisión adecuada en vista de que el proceso administrativo es muy largo y no se condice con la necesidad de tener una posición jurídica definitiva en plazos que vayan de la mano con el proceso licitatorio. También asegura que las acciones judiciales “se fundan exclusivamente en la violación al principio de legalidad en que incurrió la Contraloría General de la República, al extralimitarse en sus competencias legales, al emitir recomendaciones sobre aspectos de alta especialidad técnica, arribando a conclusiones que exceden su competencia y recomendando hasta asuntos de ingeniería.

Hasta que se sustancie esta nueva acción judicial, el proceso de licitación del aeropuerto sigue en instancias de la Comisión de Evaluación de Ofertas.

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