¡Quince días para responder!

Opinión | Juan Pablo Fernández Bogado| A bogado|@ jpferbo

Como vengo repitiendo, pues en este país sufrimos de corta memoria, en fecha 18 de setiembre del año 2014 fue promulgada la Ley 5.282/14 “De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental”. La misma viene a reglamentar el artículo Nº 28 de la Constitución Nacional, a fin de garantizar a todas las personas el efectivo ejercicio del derecho al acceso a la información pública, a través de la implementación de las modalidades, plazos, excepciones y sanciones correspondientes, que promuevan la transparencia del Estado en la República del Paraguay.
Y como esta ley debería ser la herramienta para un periodismo de calidad, eficiencia y precisión, en la Ley 5.282/14 está expresado textualmente: “Ninguna disposición de esta ley podrá ser entendida o utilizarse para negar, menoscabar o limitar la libertad de expresión, la libertad de prensa o la libertad de ejercicio del periodismo”.
Debemos mencionar también que el Decreto N° 4064/2015, de fecha 17 de setiembre del 2015, es el que reglamenta la Ley 5282/2014. En uno de sus articulados dispone: “Interpretación: la aplicación e interpretación del presente decreto se realizará de forma tal que se priorice el más amplio y efectivo acceso a la información que obra en poder de las fuentes públicas de información”.
El Art. 25 hace referencia a los requisitos para solicitar información. La solicitud se hará conforme el Artículo 12 de la Ley N° 5282/2014. Los solicitantes de información deberán indicar el correo electrónico, o el medio en el cual se les cursarán las notificaciones que sean necesarias durante la tramitación de su solicitud. No podrá impedirse el derecho de presentar solicitudes de acceso a la información en ningún caso; en particular, no podrá alegarse que el solicitante no reside en el país o en el departamento o municipio en el que ejerce su competencia la fuente pública; tampoco que la Oficina de Acceso a la Información Pública en la que se realiza la solicitud no es competente. Todas las oficinas de acceso a la información pública tendrán un cartel visible en el que se informe a la ciudadanía lo establecido en este artículo y el plazo máximo de quince (15) días hábiles en el que la solicitud debe ser respondida.
En el caso de que el solicitante de la información pública no recibe respuesta transcurrido el plazo de quince (15) días hábiles a contar desde el día hábil siguiente al que realizó su solicitud, o si se rechaza su solicitud, podrá ejercer la acción judicial prevista en el Artículo 23 de la Ley N° 5282/2014 dentro del plazo de sesenta (60) días hábiles, o bien, interponer recurso de reconsideración ante la máxima autoridad de la fuente pública que le respondió o debió responderle, dentro del plazo de diez días hábiles siguientes a su notificación.
En base a las normativas mencionadas precedentemente, podemos notar claramente que todas las oficinas de acceso a la información pública tienen plazo para responder a los pedidos de acceso a la información. Y que el incumplimiento del plazo establecido tiene consecuencias.
Por ello, tras el breve repaso a las disposiciones legales vigentes, es de importancia hacer entender a las altas autoridades de las fuentes públicas si quieren realmente cumplir con la normativa, establecer una jerarquización de sus oficinas de acceso a la información pública, como por ejemplo otorgar el rango de dirección general, ya que dependiendo de otra dirección resultaría difícil que cumpla con el plazo un funcionario sin autoridad ninguna, conociendo la terrible burocracia que se sufre y asfixia al Paraguay.

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