Análisis presupuestario: cuando la política se enfrenta a la economía

En épocas electorales, la discusión es aún más intensa.

MCS

Al finalizar cada año se presentan discusiones y diferencias en los diversos poderes del Estado, relacionadas al Presupuesto General de la Nación (PGN). En épocas electorales, la discusión es aún más intensa. Este fenómeno presupuestario, que tiene lugar antes de los cambios de gobiernos, no solo se da en el Paraguay, sino que es una constante internacional que demuestra la contienda existente entre la economía y la política.
A finales del año 2016, el Ejecutivo vetó el presupuesto para el año 2017, con el resultado por todos conocido que hizo que la administración pública se rigiera el pasado año por el presupuesto del 2016. En diciembre del 2017, la Presidencia, en un intento de repetir la maniobra, trató de vetar parcialmente el PGN del presente año, sin embargo el Congreso rechazó la medida.


REMEMORANDO EL VETO HISTÓRICO DEL PGN 2017
Haciendo un poco de memoria, se puede recordar que las diferencias entre poderes relacionadas al PGN del 2017, estaban principalmente centradas en la emisión de bonos, en la política monetaria del Banco Central del Paraguay y en el aumento de salarios de algunos rubros públicos. El Congreso propuso reducir las emisiones, cuestionadas por la proporción del endeudamiento en relación al PIB, que entonces representaba 21,2% del PIB. En respuesta, el oficialismo y diversos analistas indicaron que la deuda es aún baja en comparación a los demás países de la región y que la misma es necesaria para cubrir las deficiencias en cuanto a infraestructura del país y favorecer al desarrollo.
El Senado también propuso limitar los gastos de política monetaria en función al promedio anualizado de utilización de estos recursos durante 36 meses, medida que no era aconsejada por los técnicos.
La otra discusión del presupuesto del 2017, relacionada a los incrementos salariales, sigue vigente hasta hoy, ya que fue motivo de discordia para la aprobación del PGN 2018. Los aumentos de sueldos propuestos para el presupuesto del 2017 de entre 10% y 18% para docentes, personal de blanco y funcionarios de la ANDE, hubieran generado un déficit de aproximadamente 1,7% del PIB, superando así el tope de 1,5% establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal. Además de indicar explícitamente el límite máximo deficitario que puede registrar el país, la Ley menciona que: “No se podrán incorporar incrementos salariales, excepto cuando se produzca un aumento en el salario vital mínimo y móvil vigente. El aumento será como máximo en la misma proporción y se incorporará en el presupuesto del siguiente ejercicio fiscal”.
HISTORIA SIMILAR, RESULTADOS DISTINTOS
A finales del año pasado, la noticia de la propuesta del veto parcial del presupuesto 2018, que en la forma aprobada por el Congreso ascendía a Gs. 73 billones, generó una sensación familiar, como la que se tiene al observar una película por segunda vez. Sin embargo, la diferencia de la coyuntura política fue el factor que determinó el rechazo de la intención de la Presidencia. Nuevamente, aparecieron los aumentos salariales, de 16% para los docentes, 8% para el personal de salud, de G. 600.000 para cada funcionario de la ANDE y de 12% para la INC. Nuevamente, la Ley de Responsabilidad fiscal es puesta a prueba, pero en un panorama distinto: el rechazo del veto parcial fue el segundo golpe que recibió el oficialismo, luego de la derrota del 17 de diciembre en las elecciones internas.
La complejidad del escenario se acentúa, si se consideran diversos factores que inciden en las operaciones de agentes y sectores económicos. El Ministerio de Hacienda indica que el presupuesto del presente año inicia con un desfinanciamiento de US$ 40 millones, situación que empeora tras los fallos de la Corte que dejaron sin efecto el IVA a las cooperativas y exigen la devolución del 100% del IVA a las agroexportadoras. Por otro lado, según había informado la cartera estatal, el PGN promulgado crea la necesidad de disminuir recursos de alto impacto social, lo que puede tener un efecto negativo sobre el 40% de la población más vulnerable del país. Los recortes para cumplir con las obligaciones rígidas aprobadas podrían abarcar a medicamentos, kits escolares, almuerzos escolares y a los subsidios a la gratuidad de la enseñanza media técnica.
La utilización de los ingresos de US$ 84,5 millones recaudados por la subasta de bandas 4G de la Conatel, representa una nueva opción para cubrir el desfinanciamiento, medida cuestionada por representantes de diversos sectores. Otra posibilidad analizada es aumentar los impuestos al tabaco, para generar mayores recursos en el futuro.
Independientemente de las medidas que se tomen para reducir el déficit, es necesario reflexionar sobre el tipo de mensaje que se envía a nivel internacional con los intentos de infringir la Ley de Responsabilidad Fiscal del país. La normativa es explícita, es clara, “la ley es la ley” y debe cumplirse a rajatabla, si lo que se desea es transmitir una imagen seria y confiable al exterior, que permita al Paraguay alcanzar el grado de inversión.
Las discusiones seguirán, pero para un país como el nuestro deberían separarse las diferencias políticas de la economía, para lograr la confianza de la comunidad internacional y alcanzar un desarrollo que beneficie a la mayor parte de la población.

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