Tarea para el próximo Gobierno

 

En este espacio editorial estamos de­cididos a plantearle muchas tareas al Gobierno que inaugure su administra­ción el 15 de agosto próximo. Una de ellas deriva de la cabecera de tapa de la edición de ayer de este diario que de­nunciaba que la “irresponsabilidad del Congreso arriesga la estabilidad fis­cal”. Cualquiera sea el signo del nue­vo inquilino del Palacio de López, va a encontrarse con un lindo “regalito” de año nuevo remitido por el Congreso: habérselas con un presupuesto gene­ral con un descalce de casi 90 millones de dólares, la mayor parte, producto del festival de aumentos destinados a las remuneraciones de empleados del Estado.

La irracionalidad salarial que impera en el sector público es un hecho re­currente, que se agrava cada año y que ocupa con frecuencia a economistas, analistas y medios masivos de comu­nicación. En este espacio nos gusta utilizar la palabra “irracionalidad”, porque expresa con claridad todo comportamiento alejado de la recti­tud, la justicia y la equidad que debe regir toda acción de Gobierno, en es­pecial las que tienen que ver con el co­rrecto manejo de la hacienda pública.

Desde hace años, el Tesoro nacio­nal en general y el empleo estatal en particular son objeto de la rapiña más indecente que pueda imaginarse. Ya a nadie sorprende que personas que han logrado empotrarse en algún cargo de alta relevancia y de poder decisorio, comiencen de inmediato a injertar en las planillas de personal a familiares, amigos y correligionarios que muy pronto se vuelven saprófitos. Esta costumbre cavernícola permea toda la función pública, sea nacional, de­partamental o municipal. Los medios masivos nos hemos hartado de expo­ner públicamente verdaderas galerías de planilleros con nombres, cargos y remuneraciones sin que a ninguno se les altere un milímetro la cara de pie­dra. Hasta es natural que así sea por­que si a la desvergüenza se le añade la impunidad y un fuerte componen­te de protección política, el resultado son verdaderas capas estratificadas de parásitos del Estado que al alcanzar la categoría de “nombrados” –el Santo Grial del funcionario público- se vuelven into­cables, incluso después de la desaparición de sus padrinos políticos. Esto hace que en las oficinas gubernamentales se hacinen y convivan individuos de las más diversas extracciones sociales e ideológicas, mante­nidos de por vida por un sistema podrido ya hasta la raíz.

Si alguien, en este antisistema, se atreve a enunciar siquiera como idea lo de “reforma del Estado”, se arriesga a que lluevan so­bre él cataratas de maldiciones, condenas y ataques de todo tipo. Los sindicatos esta­tales, desplegados en brigadas y divisiones, saldrán a la calle a “defender los derechos adquiridos”, aunque más que derechos, sean privilegios intolerables y ofensivos para la masa ciudadana que los mantiene con sus impuestos. Ya lo hemos descrito varias veces, pero vale la pena repetirlo. Hay oficinas del Estado que pagan adicio­nales hasta en 15 conceptos diferentes. Una sola persona, en la ANDE –los mismos que protestaron ante el Congreso exigiendo aumento salarial-, recibe extras por once conceptos diferentes, aparte del sueldo: bonificación por responsabilidad, comple­mento PCC, adicional por título universi­tario, personal prevenido, anuenio, bono alimenticio, ayuda alimenticia, bonifica­ción familiar, mayor costo de vida, adicio­nal por peligrosidad, horas extras diurnas y horas extras nocturnas. Se podría recorrer las oficinas de Itaipú, Yacyretá, Banco Cen­tral del Paraguay, Poder Judicial, Tribunal Superior de Justicia Electoral y demás ra­mas del Estado para encontrar barbarida­des como éstas, a lo cual hay que agregar que gran parte de esos cargos son inútiles y no cumplen otra función que la de rentar a costa del erario público a recomendados políticos, paniaguados y mano de obra ba­rata electoral.

Si Mario Abdo Benítez, Efraín Alegre o quienquiera sea el próximo Presidente de la República son incapaces de poner freno a este latrocinio e iniciar una verdadera re­forma del Estado, será otra frustración de cinco años para una ciudadanía que está ta­pada de promesas incumplidas y de burlas a sus esperanzas.

Le dejamos esta materia pendiente al próximo Presidente de la República.

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