FALLO HISTÓRICO QUE INSTALA UN NUEVO TRATO

Lo público es público. Nuestro titular de cabecera de portada de ayer respon­de a un hecho clave que la clase política y todo aquel que aspire a servir en el Es­tado deberá tener en cuen­ta en adelante. Significa un compromiso muy básico que hasta ahora ha sido brutalmente ignorado: de Presidente de la República hacia abajo en las jerar­quías de servicio público, ya sea que ejerza un cargo por elección, contratación o nombramiento, cada aspirante deberá llegar munido de su declaración de bienes. El sólo hecho de ser incluido en las planillas del Estado obliga al titular a transparentar toda su vida económica anterior. No importa si es rico, “de buen pasar” o de econo­mía modesta. Si ha sido favorecido por la fortuna, tendrá que demostrar que durante el ejercicio del cargo, no la ha incrementa­do inexplicablemente. Y si es de modesto patrimonio, no podrá exhibir un súbito enriquecimiento, tal como suele ocurrir. La ley 5033, que reglamen­ta el artículo 104 de la Constitución, aclara que esta obligatoriedad abarca la totalidad de los activos, pasivos, ingresos y gastos, en el país y en el extran­jero, tanto del declarante como del cónyuge bajo régimen de comunidad ganancial de bienes –aún en las uniones de hecho-de los hijos menores so­metidos a patria potestad así como de los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y afinidad. La ley regla­mentaria rige desde 2013. Pero tuvo que mediar un fallo judicial para que sus disposiciones fueran cumplidas por nada menos que la Contraloría General de la República.

El fallo del juez Rubén Riquelme es el punto de partida de un nuevo trato entre la República y quie­nes deben ser sus servi­dores, no sus saqueadores.

Es un largo camino el que empieza, pero que vale la pena andar.

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