El proyecto de ley que crea la superintendencia de fondos jubilatorios y de pensiones, una deuda pendiente en el ordenamiento institucional del Estado, va de nuevo al Senado. Somos uno de los últimos países del continente que carece de este órgano regulatorio y de vigilancia. Todos los intentos de aprobarlo en el Congreso cayeron en el vacío al chocar con la cerril resistencia de las claques que manejan en forma inconsulta fantásticas sumas de dinero. Es muy difícil explicar que entidades que captan dinero del público carezcan de supervisión ni estén sujetas a mecanismos de seguridad que garanticen los fondos resultantes de su funcionamiento. Sobre todo porque los casos de fraude, de descalce patrimonial o simple bandidaje administrativo salpican a mutuales que aún funcionan por verdadero milagro.