La propuesta que modifica la ley de defensa al consumidor, que establece mayor claridad y transparencia en la información sobre operaciones de crédito fue analizada en una audiencia pública en la Cámara de Senadores.
En el artículo 10° de la normativa, señala que los precios de productos o servicios, incluidos los impuestos, deberán estar indicados con precisión en la oferta, en la moneda de curso legal en el país.
El senador Derlis Osorio, proyectista dijo que “hemos encontrado varios problemas en la concesión de créditos desde varios estamentos”.
Aclaró que este proyecto incluye todos los gastos administrativos y comisiones, que sumados llegan a ser el costo total financiero.
Por otro lado, en representación de la Asociación de Bancos (Asoban), Beltrán Macchi dijo que no se incluya los costos de los servicios como seguro.
Cree conveniente que se debe aclarar la definición del daño moral en el proyecto, para no caer en malas interpretaciones.
Para Lorena Méndez, titular de la Secretaría de Defensa al Consumidor, está ley es beneficiosa para los consumidores y que no afectará el desempeño de las entidades.
Dijo que únicamente obliga a publicar la información correcta para los usuarios antes de concretar un préstamo.
El proyecto habla de que en caso de las ofertas a ser financiadas a plazos, independientemente del tiempo que abarque la financiación, se deberá indicar la información correspondiente a la Tasa Anual Efectiva (T.A.E.)
Según el legislador Fernando Silva Facetti, presidente de la Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo el proyecto contaría con media sanción dentro de dos semanas.
Mencionó de la inequidad que existen en las regulaciones actuales.
“Hasta hoy tenemos que las instituciones bancarias están regidas por nuestra Ley y el Incoop (Instituto Nacional de Cooperativismo) sigue manteniendo sus tasas, generando una competencia desleal en el mercado, a través de esto no solamente lograríamos esclarecer la información, sino también ser efectivos para todos los sectores financieros”.