Caminando en la impunidad con justicia genuflexa

La pérdida de inves­tidura de los parla­mentarios se puede dar por el uso inde­bido de influencias, feha­cientemente comprobado, según el artículo 201 de la Constitución Nacional.

El caso del diputado José María Ibáñez del movi­miento Colorado Añetete, no se aleja de este hecho al estar ligado al caso “case­ros de oro”, al aprovechar su puesto en la Cámara de Diputados y hacer figurar a personales de su domicilio como funcionarios.

El juez interino del caso, Julián López, decidió suspender el procedi­miento, pese a que el legislador haya reco­nocido públicamente haber utilizado recursos estatales para contratar a Favio Gómez, Viviana Falcón y Ever Falcón en la Cámara Baja pero sin prestar los servicios.

Con esto el legajo de ante­cedentes penales quedó en blanco, porque la justicia liberó su caso.

El argumento de la defensa fue que el perjuicio de G. 30 millones, ya había sido depositado a la cuenta de la Cámara en diciembre, por eso consideraron que el daño ya fue reparado.

INVESTIDURA

Mientras la justicia se presta al esquema político para favorecer a Ibáñez, el Presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Cuevas, indicó que el tema será analizado solo si llega a presentarse algún pedido de pérdida de investidura. A su criterio el hecho ya fue aclarado por la justicia.

Hasta el momento no se presentó ningún pedido, por no tener los números suficientes. Para una even­tual pérdida de investidura, se debe contar, en el caso de la Cámara de Diputados, con 53 votos para la aproba­ción y para la presentación de la iniciativa, se precisan de 20 firmas.

FIRMANTES

La diputada del Partido En­cuentro Nacional, Kattya González, explicó que exis­te la voluntad política de presentar el pedido, pero que solo son 5 los diputados que lo impulsan. Mencionó que están esperando el mo­mento para hacerlo.

“No tenemos la fuerza su­ficiente para que corra”, enfatizó.

Por otro lado indicó que reprenden públicamente al Poder Judicial y a la Fis­calía, por la salida procesal. “Tiene que entender San­dra Quiñonez, Fiscal Gene­ral del Estado, que ellos no tienen cheque en blanco, son representantes y tienen responsabilidad de estable­cer políticas públicas en los hechos”, explicó.

Finalizó diciendo que “de­ben de dar previsibilidad, para que tengamos la cer­teza de que van a actuar como corresponde”.

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