Directores y representantes de empresas en la mira del fisco

Por Pedro Ayala
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Ninguna empresa está a salvo de que una auditoría fiscal detecte una diferencia de interpretación de las normas tributarias, que en ocasiones puede generar deudas millonarias con la Administración Fiscal.

Esto es fruto de la complejidad de las normas tributarias, de la voracidad fiscal de las administraciones tributarias (presionadas por las necesidades de recaudación de los gobiernos de turno) y también de la necesidad de las empresas de buscar las formas de tributación más eficientes.

Un fenómeno a nivel regional es la aplicación más agresiva por parte de los fiscos de las normas en materia de responsabilidad de directores y representantes de empresas. Las administraciones fiscales buscan no solo que los administradores o directores respondan con sus patrimonios por las eventuales deudas de las empresas que dirigen, sino también que los encargados de tomar las decisiones en materia tributaria tengan presente esta eventualidad a la hora de adoptar las decisiones.
Las regulaciones en Paraguay establecen la responsabilidad personal de los directores y administradores de empresas por los adeudos tributarios de las empresas que dirigen, salvo que sus acciones deriven en una evasión o defraudación al fisco, en cuyo caso se tendrá en cuenta el dolo. En casos de litigios con el fisco la Administración Fiscal puede iniciar actuaciones muy agresivas que van desde el embargo de bienes y cuentas bancarias. Por ello conocer y anticiparse a estas situaciones es muy relevante para las empresas y directores.

¿HASTA DÓNDE LLEGA LA RESPONSABILIDAD DE UN DIRECTIVO PARAGUAY?

En Paraguay, los representantes legales, directores en el caso de las Sociedades por Acciones o el Gerente General en el caso de Sociedad de Responsabilidad Limitada, son subsidiariamente responsables de las obligaciones en concepto del tributo que corresponda a sus representadas.

La responsabilidad de los representantes se limita al valor de los bienes que administren o dispongan, salvo que hubieran actuado con dolo, en cuyo caso la responsabilidad será ilimitada. Cuando el Directorio sea colegiado, los directores son subsidiariamente responsables por las obligaciones tributarias derivadas de sus decisiones. Cuando el Directorio no sea colegiado, son responsables solo aquellos directores que hayan tomado la decisión respecto al motivo que generó la contingencia fiscal.
Obligatoriamente los directores o Gerentes Generales de Sociedades en Paraguay deben ser residentes, pudiendo estos designar o delegar sus funciones a través de otros apoderados residentes, quienes pasarían a ser responsables solidarios de los mismos y subsidiarios ante el fisco.

RESPONSABILIDAD PENAL POR DEFRAUDACIÓN O EVASIÓN FISCAL

Solo son responsables en el ámbito penal aquellos directores, representantes o terceros que hayan participado directa o indirectamente en una estructura de defraudación y ocasionalmente de evasión impositiva. La omisión de pago implica únicamente un proceso administrativo y no supone responsabilidad en el ámbito penal.
La SET-Acrónimo de la Administración fiscal en Paraguay- no tiene la potestad de establecer el embargo preventivo alguno. Sin embargo, cuando exista riesgo para la percepción de los créditos fiscales, como consecuencia de la posible desaparición de los bienes sobre los cuales podría hacerse efectiva la sanción o por otras causas de similar gravedad, la Administración Tributaria, a través de la Abogacía del Tesoro puede requerir al Juez competente la aplicación del embargo preventivo de bienes del contribuyente y el nombramiento de fiscalizadores especiales de empresas.

RESTRICCIONES A LAS OPERACIONES DE LA EMPRESA

Adicionalmente, la SET puede: (i) disponer medidas administrativas que restrinjan la actividad económica del contribuyente, por ejemplo, clausura de hasta 3 días del o los establecimientos comerciales/administrativos, este plazo es prorrogable por igual termino previa autorización judicial; (ii) limitar la emisión de facturas de ventas; (iii) no emitir el certificado de cumplimiento tributario, el cual es necesario para tramites referentes a la transferencia de bienes registrables.
En caso de que la empresa considere que ha abonado correctamente los impuestos, puede solicitar un certificado de cumplimiento tributario en controversia, hasta tanto el procedimiento administrativo se resuelva.

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