Aguas turbias: Corrupción en el Sector Fluvial

Por Federico Silva
Abogado

 

El comercio exterior, puntal de la economía paraguaya, se desarrolla en un 80% a través de la hidrovía de los ríos Paraná y Paraguay. El país cuenta con casi 4.000 barcazas, siendo así la primera flota de Sudamérica y la tercera del mundo. Además, el 95% de lo transportado en la hidrovía se hace con embarcaciones paraguayas. Ahora, a través de sus numerosas interconexiones, la industria naviera tiene la habilidad de conectar prácticamente todos los rincones del mundo, vinculándose con un sinnúmero de industrias de una u otra forma, pues a medida que las empresas crecen y se expanden a mercados globales, el transporte fluvial se integra al día a día de sus operaciones. Paralelamente, el sector fluvial es un área especialmente afectada por la corrupción. En un mismo embarque pueden verse involucradas una serie de partes interesadas y jurisdicciones, donde tanto los barcos como los cargamentos tienen que pasar por una serie de inspecciones oficiales y exhibir múltiples permisos y documentos en cada parada portuaria. A su vez, en los procesos de despacho deben pagarse importantes sumas en concepto de impuestos y tasas como consecuencia de valoraciones, y otros. Esto crea una suerte de caldo de cultivo para actos de corrupción, buscando de una u otra forma ya sea sortear controles o disminuir o incluso suprimir costos aduaneros y portuarios. Como esas faltas y delitos quebrantan tanto normas locales como normas anticorrupción extranjeras con alcance extraterritorial, como el US Foreign Corrupt Practices Act (el “FCPA”) y el UK Bribery Act, cuando salen a luz (y tarde o temprano eso ocurre) las sanciones son graves y muy lesivas para la empresa que accedió a tratos opacos u oscuros. A su vez, las personas involucradas pueden ser sancionadas penalmente, con lo que eso implica para ellas y sus familias. Por tanto, toda empresa fluvial debe reforzar las medidas para evitar actos de corrupción.

DEFRAUDACIÓN

Bajo el Código Aduanero existe defraudación en toda operación dolosa que, por acción u omisión, con la colaboración de funcionarios o sin ella, viole normas aduaneras y se traduzca o pueda traducirse de pasar inadvertida, en un daño a la recaudación fiscal. Así, constituyen por ejemplo casos de defraudación: a) las declaraciones falsas o inexactas de la base imponible para el cálculo de impuestos y tasas aduaneras; b) el uso fraudulento de facilidades aduaneras para importar unidades por partes, como por ejemplo maquinas, para evadir impuestos; c) simular el cumplimiento de requisitos esenciales para hacer o concluir una operación aduanera; o d) usar o emplear mercaderías importadas bajo una franquicia impositiva, como por ejemplo una admisión temporaria o el régimen de depósito, para fines distintos a los de la franquicia. De esta forma, de ser una empresa culpable de defraudación aduanera, además de pagar la diferencia con el tributo aplicable, puede ser multada con un importe igual al que se habría perjudicado al fisco.

CONTRABANDO

A su vez, bajo el Código Aduanero constituye contrabando cualquier operación o manejo para introducir a Paraguay o extraer del país mercaderías o efectos de cualquier clase violando normas legales, como por ejemplo entre otras: a) hacer pasar por las fronteras mercaderías sin documentos, o eludiendo los controles correspondientes; b) el ingreso o salida de unidades de transporte con  mercaderías en horas o por lugares no habilitados; c) la movilización de mercaderías o embarcaciones sin documentos; d) el ingreso o egreso del país de mercaderías prohibidas (ej. desechos tóxicos); e) mantener a bordo de embarcaciones mercaderías no registradas en el manifiesto de carga; f) descargar mercaderías en tránsito sin autorización de la autoridad aduanera; o g) desviar de la ruta establecida embarcaciones con mercaderías en tránsito, salvo casos de fuerza mayor.

Así, el contrabando puede ser sancionado con hasta 5 años de cárcel o con multa. Si bien las empresas no pueden ser privadas de libertad, deben soportar las multas y otras sanciones si fueren beneficiarias o financiadoras del contrabando, o si sus dependientes participaron en la operación Todas las mercaderías involucradas y los vehículos empleados para transportarlas, como embarcaciones o camiones, pueden ser decomisados. Si no se puede aprehender la mercadería la multa puede ser del doble de su valor. La tentativa de contrabando se castiga con la mitad de la sanción.

SOBORNO

En el sector fluvial, por las peculiaridades de la actividad, el soborno o la “coima” a funcionarios aduaneros o portuarios suele ser un medio habitual para sortear controles o disminuir o incluso suprimir costos administrativos, siendo muchas veces una vía para cometer otras faltas, como defraudación o contrabando. Ahora, bajo el artículo 302 del Código Penal, quien ofrece, promete o garantiza un “beneficio” a un funcionario público a cambio de un acto de servicio ya realizado o futuro, o por dejar de ejecutar dicho acto (omisión), puede ser castigado con hasta 2 años de cárcel o con multa. Si bien en Paraguay no hay responsabilidad penal para las personas jurídicas, sus representantes sí pueden ser sancionados por los hechos atribuibles a éstas.

Por su parte, el FCPA prohíbe el pago de sobornos a funcionarios públicos a empresas estadounidenses, sus subsidiarias, como una empresa paraguaya que tenga como accionista a una empresa estadounidense, y a empresas extranjeras que coticen en bolsa en Estados Unidos. Por cada violación a las reglas antisoborno del FCPA, la multa puede ser de hasta US$ 2.000.000. Los directores, oficiales, accionistas y agentes de la empresa pueden ser castigados hasta con US$ 250.000 de multa y 5 años de cárcel.

A su vez, el UK Bribery Act sanciona el pago de sobornos por personas que prestan servicios en o para una empresa del Reino Unido y sus subsidiarias o filiales, para obtener o retener negocios o ventajas en su marco, sin importar el lugar donde ello ocurra. A diferencia del FCPA, la sanción se extiende incluso a los sobornos en el sector privado.  Bajo el UK Bribery Act las personas pueden ser sancionadas con hasta 10 años de cárcel. Tanto las personas como las empresas pueden ser sancionadas con multas ilimitadas. A su vez, la condena genera una prohibición automática y perpetua de participar en licitaciones públicas de la Unión Europea.

ACCIONES DEFENSIVAS BÁSICAS

Consecuentemente, para precaverse contra los graves riesgos, toda empresa fluvial debe establecer, junto a sus asesores profesionales externos, las siguientes medidas y prácticas: (i) implementar un programa anticorrupción integral a través de todo el negocio: (ii) revisar periódicamente las políticas y la efectividad de dicho programa; (iii) evaluar adecuadamente a los prestadores de servicios antes de contratarlos; y (iv) reforzar los controles internos mediante entrenamientos anticorrupción para todo el personal, de lo más alto a lo más bajo.

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