La capacidad para contratar un seguro

Por Guillermo Fronciani
Abogado

 

La Sección II y III de la Ley 827/96 “De Seguros” establece quienes son las Empresas autorizadas  y cuáles son las condiciones de autorización para operar en seguros. Ahora bien, es importante conocer “quienes” pueden contratar un seguro en calidad de tomador o asegurado.  La citada ley no define el término de “tomador o asegurado”. Tampoco lo define el Código Civil en su Título III, Capitulo XXIV – Contrato de Seguros, sin embargo en su artículo 1555 establece que “…El asegurador entregara al tomador una póliza debidamente fechada y firmada, con redacción clara y fácilmente legible…”. Esto perfecciona la relación que se inicia con la “propuesta” donde este da su aprobación o su consentimiento. En síntesis,  el asegurador para poder celebrar un contrato de seguro, debe estar autorizado de conformidad con lo establecido en la Ley 827/96 en tanto el asegurado para poder celebrar un contrato de seguro debe tener “capacidad” para obligarse contractualmente. Asegurado, tomador o contratante, si bien pueden recaer en figuras distintas o ser la misma, el criterio común es “la capacidad de contratar”. En el caso de las personas jurídicas, tendría capacidad por el simple hecho de cumplir con los requisitos establecidos en la ley, no obstante tiene otro requisito que es,  el tener un interés legítimo en lo que pretende asegurar. La persona física para actuar como tomador o asegurado debe tener capacidad y a su vez  interés en el riesgo que se asegura. Como mínimo debe ser capaz de administrar sus bienes.

El artículo 1° de la ley 2169/03 que modifica el artículo 36 del Código Civil establece: “…La capacidad de hecho consiste en la aptitud legal de ejercer uno por sí mismo o por si solo sus derechos. Este Código reputa plenamente capaz a todo ser humano que haya cumplido dieciocho años de edad y no haya sido declarado incapaz judicialmente…”. Por tanto, tiene plena capacidad de contratar un seguro todo ciudadano que haya cumplido dieciocho años. En los seguros de personas, “…Los menores de edad mayores de dieciocho años tienen capacidad para contratar un seguro sobre su propia vida solo si designan beneficiarios a sus descendientes, ascendientes, cónyuges o hermanos que se hallen a su cargo…” (Articulo 1663 Código Civil). Pero el mismo artículo refiere a que si el seguro “…cubre el caso de muerte de un tercero se requiere el consentimiento por escrito de ese ter cero o de su representante legal si fuere incapaz. Es prohibido el seguro para el caso de muerte de los interdictos y de los menores de catorce años…” De esta forma  la consecuencia del supuesto de celebrarse el contrato con un tomador “incapaz” es la nulidad.

Como vemos,  en el seguro de personas no solo es tenido en cuenta la edad menor sino también la edad mayor. Por ello el artículo 1666 establece ciertas reglas con respecto a la edad. Cuando la edad real sea mayor, el capital asegurado se reducirá conforme con aquella y la prima pagada. Aquí hablamos de que el contrato está vigente y por ello se habla de reajuste.  Cuando la edad real sea menor que la denunciada, el asegurador restituirá la reserva matemática constituida con el excedente de prima pagada y reajustara las primas futuras. Esto es un proceso técnico que procura equilibrar la edad actuarial de la persona con la reserva que se constituye que es propiedad del tomador o asegurado.  Así, la denuncia inexacta de la edad solo autoriza la rescisión por el asegurador cuando la verdadera edad exceda los límites establecidos en su práctica comercial para asumir el riesgo. En una palabra es una opción del asegurador.

Finalmente,  la capacidad para contratar un seguro dependerá de la “edad” del tomador o asegurado, su “capacidad de hecho”,  pero por sobre todo, el “interés legítimo”  sobre lo que se pretende asegurar. La persona física que no reúna estos requisitos, no tiene capacidad para contratar un seguro.

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