Fernández estará en el banquillo judicial

La misma se presentará ante la Corte el 26 de abril

El Observador, Uruguay

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El tribunal oral federal rechazó este lunes los pedidos de la expresidenta Cristina Fernández de postergar el inicio del primer juicio oral que deberá enfrentar por una causa de corrupción.

La defensa había pedido que se posterga esta primera audiencia del juicio ya que aún falta el resultado de una pericia pedida por la propia Fernández, pero los jueces no tomaron en cuenta esa solicitud.

La expresidenta de Argentina está acusada de favorecer al empresario Lázaro Báez con 52 contratos de obras públicas por 46.000
millones de pesos (unos US$ 1.150 millones) en Santa Cruz (Patagonia).
Los delitos que examinará el juicio oral son los de “asociación ilícita y direccionamiento fraudulento de obra pública”. La parte querellante es el gobierno.

Según informó Clarín, el tribunal ordenó que se determine si hubo sobreprecios, en qué se basaron las modificaciones del costo de obra y los trámites administrativos para analizar el direccionamiento de las licitaciones, entre otras cosas. Al elevar el caso a juicio, el juez Julián Ercolini indicó que Fernández, en su carácter de presidenta, “habría perjudicado los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado nacional que estaban bajo la órbita de su responsabilidad”.

PERSECUSIÓN Y FUEROS

La senadora de la oposición peronista declaró que la causa es una persecución política orquestada por el gobierno con jueces adeptos al macrismo.

Báez y otros exfuncionarios involucrados cumplen prisión preventiva. Sin embargo Fernández está en libertad gracias;sus fueros parlamentarios, que el Senado se negó en más de una oportunidad a quitarle con el argumento de que sólo lo haría si fuese declarada culpable. En ese caso, si fuera declarada culpable luego del juicio, y el Senado le quitara los fueros, podría ir a prisión.

Según informó Clarín, el tribunal ordenó que se determine si hubo sobreprecios, en qué se basaron las modificaciones del costo de obra y los trámites administrativos para analizar el direccionamiento de las licitaciones, entre otras cosas.

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