La misteriosa “Caja 9” que borró US$ 5 millones

Contraloría detectó 90 irregularidades en administración de McLeod

David Chamorro
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La presentación del informe final respecto de la intervención a la Municipalidad de Ciudad del Este ya se encuentra a disposición de la Cámara Baja, a tratarse hoy en sesión extraordinaria. Entre tantos hallazgos concretados en el material, llama la atención una serie de denuncias conforme a cobros irregulares de impuestos a través de una caja paralela, mejor conocida como la “Caja 9”.

El informe cita que a partir del año 2011 fueron denunciados pagos irregulares en concepto de Impuesto Inmobiliario, los cuales según testimonios, se podían verificar mediante la diferencia visualizada a simple vista entre el monto expedido en la boleta de preliquidación y, el monto que figuraba en el Sistema Informático de Caja al momento de pagar, por una cifra inferior a la consignada en boleta.

LA CAJA 9
En el período de intervención a cargo de la doctora Carolina Llanes, se recibieron denuncias de contribuyentes en relación a pagos realizados en concepto de tributos, por medio de un esquema de caja paralela mejor conocida como la “Caja 9”, que en perjuicio del municipio y a ellos mismos, las deudas figuran como impagas a pesar de haberse realizado el pago.
Al respecto, el concejal de Ciudad del Este, Teodoro Mercado (PLRA), mencionó que vienen denunciando el hecho ya desde el 2013. “Se habilitó una caja dentro de la Municipalidad, donde los contribuyentes iban a pagar sus impuestos inmobiliarios. Al término de un año, cuando el mismo contribuyente volvía para pagar su impuesto por el período siguiente, el pago realizado anteriormente no figuraba en las actas municipales”, explicó.
Sumó a esto que, a pesar de los ilícitos, en esos procesos se habían expedido recibos y facturas originales que no estaban registradas. Al momento de las denuncias, los afectados recibían como respuesta del municipio que “fueron funcionarios corruptos ya denunciados previamente los que los atendieron” y que, finalmente debían proceder de nuevo al pago del tributo.

“Hoy, están imputados todos los funcionarios en relación a estos ilícitos. Así como está acostumbrado el clan Zacarías, ordena acciones a los funcionarios y luego, los deja a la deriva. Hoy, están imputados y abandonados a su suerte pero, McLeod no puede desconocer que haya ocurrido este hecho en su administración”, señaló Mercado.

ESTAFA
Según lo manifestado por el concejal, en entrevista con Canal 5días, el monto total de la estafa bajo este sistema asciende a unos US$ 5 millones. “Son miles los contribuyentes que estarían siendo afectados por esta estafa porque las denuncias son bastantes pero, no totales”, destacó. Agregó su conformidad para con el informe y el trabajo de la intervención, a pesar de los limitados 60 días de proceso, llevando a la par la administración municipal.

Otra denuncia data del 2013 en representación de la firma Agroser Saeca, solicitando un presupuesto para el pago del Impuesto Inmobiliario, cuya preliquidación ascendía a G. 147 millones. La denunciante manifestó que la funcionaria Natalia Arístides Gómez, le ofreció un descuento mediante una coima de G. 5 millones, para modificar su preliquidación a G. 80 millones, mediante una “Caja Móvil” que iría hasta su oficina para realizar el cobro. Los comprobantes estaban sellados bajo rótulo de “Caja 9 FX”.

Como consecuencia, en el 2013 se instruyó sumario administrativo a los funcionarios Pedro Ramón Ramírez (entonces jefe de la División de Impuesto Inmobiliario) y, a Rodrigo Acosta (entonces jefe de la Dirección de Centro de Procesamiento de Datos). Del proceso resultó destituido Pedro Ramírez, no así Rodrigo Acosta, quien continúa ejerciendo como funcionario hasta la fecha. Los detalles del informe señalan que el material de la Auditoría Informática de aquel entonces no fue proporcionado al equipo interventor, limitando el análisis de los casos particulares.

El informe señala que se denota una inconsistencia en relación al sumario del jefe de la División de Impuesto Inmobiliario, ya que se determinó que las modificaciones en el sistema fueron realizadas con contraseña de funcionarios, sin determinar la cantidad de los mismos.

DICTAMEN
Ayer, la Contraloría General de la República (CGR) presentó a la Comisión Permanente del Congreso el dictamen de la auditoría realizada en Ciudad del Este. Entre los tópicos, objetos de revisión, se encuentran el ámbito financiero, programas sociales, Contrataciones Públicas y Construcciones, entre varios otros.

“El informe contiene un total de 90 puntos en los que fueron constatadas irregularidades en procesos licitatorios y conductas que pueden revestir carácter de hechos punibles”, cita parte del comunicado emitido por Contraloría.

A partir de esto, una copia del dictamen, será remitida a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y a la Fiscalía General del Estado, para que cada institución proceda a actuar en el ámbito de sus respectivas competencias.
Por último, el material indica que los funcionarios responsables de los trabajos de control dejaron constancia de que lo señalado en el documento, “constituye la situación actual sobre el análisis de los documentos e informes proveídos por la Municipalidad de Este”.

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