“Me parece que se da una hiperreacción del tema”

El abogado Jorge Seall se manifiesta sobre el proceso del caso Arrom - Martí

David Chamorro
@_davidchamorro

Uno de los casos más controversiales y representativos de la “industria del secuestro en Paraguay”, como lo mencionaba el propio canciller Nacional, Luis Castiglioni, es el caso de Juan Arrom y Anuncio Martí que mantiene la preocupación de gran parte -sino de toda- la ciudadanía respecto al veredicto final que dictamine la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre la responsabilidad del Estado en dicho proceso.

En entrevista con Canal 5días, el doctor Jorge Seall, abogado constitucionalista, realizó un análisis sobre su percepción del caso. “Creo que en este caso se da mucha hiperreacción porque se evoca el tema del secuestro, y sabemos que en Paraguay cuando se habla de esto el más vil de ellos es el secuestro del EPP. La presencia indigna, cancerosa e indeseable de este grupo en el país hace que la gente pierda un poco la cordura y confunda con rabia los tantos”, explicó.

Comentó que esta situación del caso Arrom – Martí es una reclamación muy mal atendida por el Estado paraguayo. “Se trató en el 2003 pero, se tan mal atendió… Pudiendo haberse despachado ya el tema en ese entonces. Sin embargo, la historia de los fallos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre todo durante las dictaduras, algunos de ellos llegaban a conclusión de igual forma luego de 10, 15 o 20 años”, señaló el profesional, acotando que a su consideración este hecho no lo ameritaba.

DIFERENCIA
El abogado hizo hincapié en dos cuestiones no bien dilucidadas, la reclamación de los denunciantes y la situación o estado de secuestro. “La gente para nada lo distingue. Una cosa es la reclamación de los susodichos por supuesta tortura, secuestro, apremio, entre otras cuestiones y alegatos y, otra muy distinta es el secuestro en sí, que no está ni puede estar en discusión en un trámite ante la Comisión Interamericana. Esto se sustancia en los tribunales penales”, sentenció.

GARANTÍAS
El doctor indicó que no porque una persona se encuentre altamente sospechada (pero no condenada) va a ser privada de la garantía penal “que es de uno ser investigado sin haber sido sometido a apremios o torturas, que no fueron en el curso de una investigación propiamente”.

“La gente tiene que tener un poco de cabeza fría y recordar que estamos en un Estado de derecho, en una sociedad donde por más de que hayas reconocido y esté tu declaración ante la policía, nadie puede agredirte física ni psicológicamente”, declaró.
Concluyó explicando que se tergiversa la situación, dando a entender que el Estado pagará la suma de US$ 63 millones exigidos, “es lo que pidieron, de ahí a que se demuestre y la Corte apruebe, existe un largo trecho”.

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