De testaferros y prestanombres

Según la RAE, un testaferro es una 'persona que presta su nombre en un contrato, pretensión o negocio que en realidad es de otra persona'”.

Hay un oficio que se ha convertido en una verda­dera carrera: el testaferro. Según la RAE, un testafe­rro es una “persona que presta su nombre en un contrato, pretensión o negocio que en realidad es de otra persona”. En términos prácticos, el testaferro asume todos los riesgos emanados de una operación fraudulenta que, de ser desbaratada, podría tener severas consecuencias legales para el prestanombres. Así, el verdadero destinatario de los beneficios queda a resguardo mientras el testaferro arriesga ir a la cárcel a cambio de un pellizco al botín.

Estos personajes son funcionales a una de las actividades más lucra­tivas: proveer al Estado de bienes y servicios amañando licitaciones. Lo estamos viendo en alta definición y 3D en el Ins­tituto de Previsión Social en donde media docena de apellidazos de gran peso van quedándose con la mayor parte de los contratos más suculen­tos. Las investigaciones periodísticas desnudan verdaderos laberintos de maniobras dirigidas a “dibujar” licitaciones, es decir, amañar sus bases y condiciones de tal manera que no hay otro camino sino adju­dicar cada llamado a los mismos de siempre. Para eludir el requisito de no entregar dos contratos a un proveedor al mismo tiempo, se recurre al testaferro, que puede ser un gomero, un panchero o un taxista previamente “calificado” como poten­cial proveedor del Estado.

Si un periodista, al cabo de una somera investiga­ción, descubre fácilmente la maniobra, ¿por qué el Estado no llega a la misma conclusión y actúa en consecuencia? La respuesta es simple: colusión, que es cuando el funcionario público y el privado se complotan para robar al Estado, es decir, al contribuyente, fórmula que cada vez que­da más expuesta y que va generando crecientes olas de indignación popular.

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