Otra iniciativa de diputados muy creativos

Mecanismos de control y evaluación existen. En dos de ellos –CGR y SFP- el Estado va a gastar este año más de Gs. 156.000 millones".

Está a consideración del Congreso un proyecto de ley que propone la crea­ción de una instancia de “auditoría y transparencia de la función pública”, iniciativa de los diputados Édgar Acosta y Celso Kennedy. La propuesta parecería aceptable si no fuera que en su artículo segundo deja suelta una hilacha al establecer la contratación de consulto­ras privadas que cuenten -indefectiblemente dice el proyecto- con psicó­logos especializados en el área laboral y especia­listas en administración pública. ¿Tan inerme está el Estado paragua­yo en sus normativas internas como para tener que pagar consultoras privadas? Veamos.

El primer filtro es la ley 1626 de la Función Públi­ca. Según ella, un funcio­nario debe pasar por un sistema de ponderación y evaluación de conoci­mientos, experiencias e idoneidad “expresables en valores cuantificables y comparables” antes de ser incorporado. Si por escalafón le correspon­diere un ascenso, será sometido a un nuevo examen evaluativo.

Ya en funciones, el servi­dor público queda bajo el paraguas del denominado MECIP (modelo estándar de control interno) que examina el desempeño de cada funcionario y emite informes.

La Contraloría General de la República cumple su parte al realizar “periódi­cas auditorías financieras, administrativas y opera­tivas, controlando la nor­mal y legal percepción de los recursos y los gastos e inversiones de los fondos del sector público”. Como se ve, los mecanismos de control y evaluación existen. En dos de ellos –CGR y SFP- el Estado va a gastar este año más de Gs. 156.000 millones.

¿Y si antes de crear más burocracia y generar más gastos, intentáramos hacer funcionar los entes que ya existen? Es hora de que los honorables afilen el lápiz y trabajen a favor del contribuyente y no de negocios privados.

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