El control del Estado en la actividad aseguradora

Guillermo Fronciani
Abogado

 

La Ley 827/96 “De Seguros”  consagra una  actividad “de control”, ejercida por el órgano legislativo del Estado, a través de los actos administrativos que dicte en salvaguarda de los  derechos de los asegurados y en el  cumplimiento de las obligaciones de las entidades supervisadas. A su vez dicho cuerpo legal establece que la actividad aseguradora y reaseguradora “…está sometida al régimen de la presente ley y al control de la autoridad creada por ella…” (Art. 1°, Ley 827/96). Esta última es ejercida por la Superintendencia de Seguros, entidad autárquica dependiente  del Banco Central del Paraguay.

 

El ejercicio del poder de policía por parte del Estado se traduce no solo en la sanción de la Ley 827/96, reguladora de la actividad aseguradora, sino además el control presupone la vigilancia, inspección y fiscalización, tendiente a encauzar una actividad específica, en la que se cruzan intereses vinculados no solo con las economías privadas, sino la nacional, el comercio en general y la confianza pública, en razón de los cuales se ha instituido este sistema de control permanente, que comprende desde la autorización para operar hasta su cancelación.

 

El criterio “de control”, se sustenta en la correcta aplicación de las leyes vinculadas con el mercado de seguros, es decir no solamente con la Ley especifica 827/96 “De Seguros”,  sino también debe considerarse en forma conjunta con el  Código Civil  que en su Libro III, Capitulo XXIV regula los aspectos del contrato de seguros;  la Ley 1334/98 de “Defensa al Consumidor y Usuario” y sus leyes y reglamentos complementarios; la Ley 1034 “Del Comerciante”; la Ley 1860/02 que establece el Código Aeronáutico;  la Ley  476/57 que establece el Código de la Navegación Fluvial y Marítima y los acuerdos internacionales del Mercosur entre otros. Todas estas constituyen normas que regulan las materias específicas que se encuentran de alguna manera vinculada al ámbito asegurador en forma directa o indirecta.

 

El ejercicio del control y de fiscalización del Estado se basa en varios aspectos de los cuales sintetizamos como los más importantes en: 1) la aprobación de “elementos y documentos  de contratación”, entre ellos el texto de la propuesta y de la póliza de seguros, es decir la legitimidad, equidad y claridad de los textos que instrumentan el contrato de seguros.  Esta vigilancia es indispensable en un contrato,  como el de seguro, del tipo de  “de adhesión” y colmado de cláusulas y condiciones predispuestas de contratación. 2) las primas y sus fundamentos técnicos, es decir que las mismas sean suficientes para el cumplimiento de las obligaciones del asegurador. Lo contrario, la insuficiencia de primas, importaría un grave compromiso a la solvencia de la misma y, con ello, a su función específica, la de hacer frente a  las indemnizaciones o contraprestaciones establecidas, con el consiguiente desequilibrio de la estabilidad de la empresa, dado su complejo mecanismo; y 3) la actividad o gestión propiamente dicha entre la que señalamos a) el cumplimiento del capital mínimo y el margen de solvencia  b) el control de las reservas técnicas, necesarias para atender el cumplimiento de sus obligaciones con los asegurados; c) el control del régimen de las inversiones y especialmente aquellas que no pueden realizarse; d) el control de los libros, balances y la obligación de presentar a la Superintendencia en los plazos establecidos; e) la cesión al reaseguro de los riesgos para su “dispersión o atomización” ; f) la fusión y la cesión total o parcial de carteras; g) el buen Gobierno Corporativo, es decir una administración prudente, vigilada internamente, con manuales de conducta y transparencia operacional.

 

Cabe aclarar que el Organismo de Control tiene jurisdicción también en la fiscalización de los  agentes y Corredores de Seguros que intermedian en la relación asegurativa, y en los  peritos y liquidadores de siniestros. En tal sentido estos auxiliares están obligados a desempeñarse conforme con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, actuando en un todo,  de acuerdo con los principios técnicos aplicables a la operación en la cual intervienen y observando diligencia y buena fe en el desarrollo de sus actividades

 

En definitiva, el ejercicio de control por parte del Estado resulta sumamente auspicioso para toda la industria del seguro, no obstante, la Superintendencia de Seguros debe acompañar a su vez el desarrollo del mercado asegurador agilizando procesos relativos a la aprobación de modelos de pólizas, nuevos productos, políticas de inversiones entre otros como factores claves de crecimiento del sector.

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