Licitaciones: con la trampa a mano

En muchas licitaciones se ven con frecuencia los mismos nombres junto a sumas siderales, año tras año, llamado tras llamado.

Para participar de una licitación convocada por el Estado primero hay que calificar como proveedor. Y para ello hay que cum­plir una serie de requisitos como solidez económica, solvencia técnica y expe­riencia en la materia que garantice que el bien o el servicio contratado sean de la más alta calidad y a conveniencia del cliente.

Se supone que estas cua­lidades son trasversales a todos los participantes porque existen otros factores que gobiernan una licitación. Por ejemplo, la competencia, que se favorece cuando no se restringe la participación en las licitaciones. Ade­más, todos los licitantes deben ser tratados con reglas comunes que deben aplicarse de forma pareja. Cada adjudicación debe estar libre de dudas dentro de un proceso transparente y compren­sible para el público.

No existe peor enemigo para una licitación que el secretismo y la sospecha de colusión, que es cuando Estado y concurrente privado se complotan en perjuicio directo de un tercero, en este caso, el contribuyente. Si una misma empresa gana todas o la mayor parte de las licitaciones en la provisión de un determi­nado bien o servicio surge de inmediato la duda de si hubo competencia y reglas parejas o simple y directa corrupción del sistema.

El Estado paraguayo gasta anualmente más de US$ 3.000 millones en licitaciones, la mayor parte de ellas en servicios de salud, obras públicas y alimentación escolar. En muchas adjudicaciones se ven con frecuencia los mismos nombres junto a sumas siderales, año tras año, llamado tras llamado. La repetición hasta el infinito de unos pocos apellidos y logotipos hace sospechar, con toda justi­cia, que muchos de esos procesos han sido “dibu­jados” para que los ganen siempre los mismos.

¿Falla o violación del sistema? ¿Quién in­vestiga todo eso?

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