Régimen legal del Reaseguro en el Paraguay

GUILLERMO FRONCIANI
ABOGADO

La Ley 827/96 “De Seguros” define al Reasegurador como: “Toda empresa o sociedad debidamen­te autorizada para dedicarse ex­clusivamente a la contratación de rease­guros y sus actividades consecuentes”.

Debemos distinguir la constitución de una empresa reaseguradora en el país, de las operaciones de rease­guros realizadas en el país, sin estar constituidas como tal. El Capítulo IV de la Ley 827/96 se refiere a la constitución de las empresas rease­guradores que en su Art. 91 expresa: “…Las empresas que tengan por ob­jeto dedicarse al reaseguro podrán constituirse en el país conforme a la reglamentación que para el efecto establecerá la Autoridad de Control. Las empresas solo podrán reasegu­rar riesgos del ramo en el cual están autorizadas a operar…”

La Ley 827/96 define los requisitos “mar­cos” para su constitución, y en su artícu­lo 92 establece que las empresas rease­guradoras nacionales deberán integrar y mantener un patrimonio no inferior equivalente a USD. 2.500.000 para cada uno de los grupos que operen. A partir de allí se han sucedido una serie de regla­mentaciones sobre su constitución, no obstante la más reciente es la Resolución SS. SG. N°. 217/18 que reglamenta el pro­cedimiento para la apertura de nuevas entidades aseguradoras y reasegurado­ras. Entre los requisitos más importan­tes tenemos, i) la presencia de la figura de un “organizador” que es una persona física de reconocida idoneidad técnica y moral que deberá informarse de todas las normas legales y reglamentarias exi­gibles, ciñéndose su conducta a lo esta­blecido en la ley y sus reglamentaciones y suscriptor del capital social de la em­presa, con una participación no menor al 5%; ii) presentar las documentaciones requeridas y una vez autorizado, publi­car en 2(dos) diarios de gran circulación por 7(siete) días para recepcionar obje­ción o reclamos de terceros al pedido de apertura y finalmente la Superintenden­cia tiene 90 días para expedirse sobre la aprobación de la solicitud. Concluidas las verificaciones y evaluaciones el Su­perintendente emitirá la Resolución que autoriza o deniega la operación a la entidad. Dictada la Resolución de Auto­rización para operar, la entidad deberá iniciar sus operaciones dentro del plazo máximo de 360 días, contado a partir de la fecha de la Resolución.

Un agregado llamativo en esta nueva resolución es que no serán autorizadas a operar las sucursales de empresas ex­tranjeras radicadas en países designados no cooperativos en el marco de la lucha mundial contra los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, según los criterios definidos y divulga­dos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), GAFILAT u otros organismos o instancias reconocidas por el gobierno nacional. Tampoco será autorizada la solicitud de apertura en los casos en que un accionista de la compa­ñía figure en alguna lista de países o per­sonas designadas, como la publicada por la OFAC, ONU u otros organismos inter­nacionales. Requisitos importantes de transparencia como tendencia mundial.

Ahora bien, para operar en reaseguro, sin estar constituido como tal, y en función a que todo el ejercicio de la actividad reaseguradora en Paraguay está regido por la Ley 827/96, que en su artículo 95 establece que “…Todos los contratos de reaseguros que celebren las empresas de seguros se registraran ante la Autoridad de Control…”, por lo que toda reaseguradora para operar des­de el exterior deberá registrarse como tal en la Superintendencia de Seguros, de conformidad a la Resolución SS.SG. N° 213/17 cuya inscripción tendrá una vigencia de 2 (dos) años y contar como mínimo con una de las siguientes cali­ficaciones internacionales: “BBB” de la Standard & Poor’s; o, “B+” de la AM Best; o, “Baa” de la Moody’s Investors Service; o, BBB de la Fitch Ratings. Asimismo, la Superintendencia de Seguros, por resolución fundada, podrá cancelar la inscripción del Registro a aquellas empresas reaseguradoras del exterior, cuando a su criterio no se cumplan con los requisitos mínimos exigidos en di­cha Resolución.

Es evidente que el espíritu de la norma en cuanto a la intervención estatal en las operaciones de reaseguro es de un criterio netamente “proteccionista” dirigido al consumidor final: el asegu­rado; de ahí la justificación de las exi­gencias de la Autoridad de Control dada la importancia económica que supone el reaseguro a quien se le transfiere la mayoría de los riesgos suscriptos por el asegurador.

 

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