La responsabilidad de las partes en el reclamo del tercero

GUILLERMO FRONCIANI
ABOGADO

El contrato de seguro descansa sobre la relación entre el asegurado y el asegurador. Pero esta relación contractual puede transcender y afectar, positiva o negativamente, a uno o más  terceros ajenos a esa relación por la cobertura de responsabilidad civil. Así, el artículo 1644 del Código Civil Paraguayo expresa: “…Por el seguro de responsabilidad civil, el asegurador se obliga a indemnizar, por el asegurado, cuando este llegue a deber a un tercero en razón de la responsabilidad prevista en el contrato, a consecuencia de un hecho acaecido en el plazo convenido…”. Destacamos aquí dos situaciones derivadas de este artículo. Primero, que el asegurador indemnizara “por” el asegurado, es decir “absorbe y asume” la obligación que tiene el asegurado sobre un tercero afectado y segundo que la obligación de la aseguradora se dará cuando el asegurado llegue a deber al tercero en razón de su responsabilidad. El “deber al tercero” implica una obligación ya consumada. Es decir yo debo porque me obligue, o porque me comprometí, y en este caso derivado de una culpa. Tuve culpa y debo asumir mi responsabilidad.

Vemos entonces que el objetivo primordial en la relación contractual de la responsabilidad civil es la de proteger al asegurado o bien “mantener indemne su patrimonio”. Lo cierto es que el asegurador asume una obligación de resultado y con ello una responsabilidad frente al asegurado derivado del contrato. Debe proteger el patrimonio del asegurado, pero a cambio de la prima, es decir percibiendo una contraprestación.  Por ello la conducta del asegurador durante el proceso de siniestros y luego en la dirección del proceso judicializado es fundamental para que se cumpla ese objetivo. En primer lugar debemos partir del hecho que la suma asegurada no fuera suficiente para las pretensiones del tercero damnificado y en ese caso una conducta errónea del asegurador puede afectar al asegurado. Un ejemplo seria que el asegurador obvie, en el proceso del manejo del siniestro, una oferta del tercero para poner fin a su pretensión y como consecuencia de ello termina siendo demandado el asegurado. Esa obviedad debe ser negligente, desproporcional, dilatoria o injustificable para que sea calificado como de responsabilidad del asegurador. En la etapa judicial puede ocurrir lo mismo cuando el asegurador asume la dirección del proceso y comete errores procesales a través de su representante lo que ocasiona un perjuicio  al asegurado.

Como vemos en ambas etapas del proceso extrajudicial y judicial puede existir responsabilidad del asegurador y generar un perjuicio en los intereses del asegurado. Dirigir el proceso –por el asegurador – si bien es facultativo u optativo de este, pues puede declinar o no e inclusive durante el proceso, pero lo cierto y concreto es que puede tener sus consecuencias cuando por alguna circunstancia el asegurador daña los intereses del asegurado, es decir cuando lo ejerce en forma abusiva o contra la buena fe generando finalmente un incumplimiento contractual. La pregunta es cuál sería la consecuencia de todo ello. Si bien no está previsto taxativamente en la norma como reparar el daño  la doctrina sostiene que podría ser dada por un juicio posterior pero bastante discutible en cuanto a los sujetos, objetos y la causa que la motiva.

Podemos afirmar que también puede existir una responsabilidad del asegurado cuando este obstaculice al asegurador poder organizar su defensa, asistirle y hasta dirigir el proceso. Como ejemplo tenemos, la de no proveer las informaciones necesarias, los actos procesales o bien las pruebas testificales o simplemente no otorgar poder o revocarlo al profesional designado por el asegurador para que lo represente. Se entiende que al hablar de responsabilidad denota una circunstancia de culpa o negligencia de este y que esa conducta haya causado un perjuicio al asegurador. Dependiendo de la instancia en que se presenta esta situación, las consecuencias para el asegurado estarían enmarcada en la figura de la caducidad convencional establecida en el artículo 1579 del Código Civil Paraguayo.


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