En plena crisis sanitaria, intendentes se aferran a millonarios fondos

Aseguran que se pone en riesgo la sostenibilidad de las instituciones

La intención del Gobierno de redestinar el 50% de los royalties de este año para contener la emergencia sanitaria puso en jaque a los intendentes del Departamento de San Pedro, quienes aún en plena lucha contra el Covid-19, todavía se aferran a los millonarios fondos que reciben para sus municipios.

El Consejo de Intendentes de San Pedro (CISP) remitió una nota al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, rechazando el redireccionamiento de estos fondos, alegando que constituyen los principales ingresos de todas las instituciones municipales del país.

Días atrás, el jefe de Estado anunció que para lo que queda del año, estos recursos serán destinados en un 50% para reforzar la lucha contra la pandemia. Para los jefes comunales, tomar esta medida representaría “un verdadero riesgo para la sostenibilidad y el funcionamiento de las instituciones por encontrarse los mismos comprometidos al cumplimiento de las obligaciones”.

Cabe destacar que, de acuerdo a los datos del Ministerio de Hacienda, en el año 2019 se desembolsaron US$ 137,3 millones para todos los municipios en concepto de royalties. De este monto, al menos US$ 8,8 millones fueron direccionados para las comunas del segundo departamento del país. Hasta febrero de este año estos distritos ya recibieron un total de US$ 190 mil.

En vez de la medida del Gobierno, el CISP propone un replanteamiento que contemple los recursos del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (Fonacide) para el combate del COVID-19, “que básicamente cuenta con más de US$ 400 millones, lo cual incluso supera al total de lo que la Administración Central destina anualmente a todos los municipios y gobernaciones de la República, que de ser debidamente administrado, sería suficiente para hacer frente a las necesidades de nuestro sistema sanitario nacional”, según el documento.

RENDICIÓN DE CUENTAS

A pesar del momento crítico que atraviesa el país a nivel económico y social, las cabezas de las municipalidades se oponen al recorte del dinero que reciben de la Administración Central. Cabe mencionar además, que en estos conceptos siempre hubo un dudoso movimiento de dinero en las comunas, ya que muchas veces las mismas no rinden cuenta ante la Contraloría General de la República (CGR) sobre el uso de los fondos que reciben, y si lo hacen, esos reportes son poco confiables pues no se ve traducido en obras de beneficio para la ciudadanía.

En este sentido, desde la Contraloría General de la República informaron que la municipalidad de Nueva Germania y San Pablo presentaron sus rendiciones fuera de plazo sobre el uso de los royalties, correspondiente al vencimiento del último cuatrimestre del año pasado.

De acuerdo a la normativa, los gobiernos departamentales y municipales deben destinar la mayor parte de los fondos a gastos de capital, ya sea en proyectos de infraestructura en educación, construcción, equipamiento de centros educativos, remodelación, mantenimiento de las calles, etc.

La ley de royalties dicta expresamente que “obligatoriamente deberán ser destinados en un mínimo de 85% en gastos de capital y aplicados en las áreas de desarrollo urbano, infraestructura vial, educación, salud, desarrollo productivo y medio ambiente. El 15% restante podrá ser utilizado para el financiamiento de proyectos de inversión, de fiscalización de obras o de gastos corrientes vinculados a los gastos de capital”.

POSTURA

En total 20 intendentes del departamento de San Pedro firmaron el documento remitido, a excepción de Santaní. Los municipios son los siguientes: Choré, Gral. Elizardo Aquino, Itacurubí del Rosario, Lima, Nueva Germania, San Pablo, Yrubukuá, San Estanislao, Tacuatí, Unión, 25 de Diciembre, Villa del Rosario, Gral. I. Resquín, Yataity del Norte, Guajayvi, Capiibary, Santa Rosa del Aguaray, San Pedro de Ycuamandiyú, Liberación y San Vicente Pancholo.


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