Orden de prelación de pago en juicios de ejecución civil

Por: Diego Luis María Caballero González

Abg. Mg. Diego Luis María Caballero González Dirección Jurídica Conmebol

Varias veces habremos escuchado que “nadie puede hacer justicia por mano propia”, por tanto, debemos adecuarnos a las normas establecidas en nuestro ordenamiento jurídico paraguayo a fin de poder reclamar nuestros derechos a través del órgano Jurisdiccional correspondiente.

En materia Civil, más específicamente en los procesos ejecutivos, para hacer efectivo el reclamo de lo que se denomina ¨capital¨ expresado en el título, cuya ejecución es pretendida por dicha vía, requiere necesariamente el pronunciamiento por el órgano judicial de una sentencia definitiva la cual nos indica que se lleva adelante la ejecución hasta hacerse pago íntegro al actor del crédito que se está ejecutando.

Explica COUTURE que en su acepción común el vocablo ejecución, alude a la acción y efecto de ejecutar. Dice que ejecutar es a su vez, realizar cumplir, satisfacer, hacer efectivo y dar realidad a un hecho. Se habla de ejecución de las obligaciones para referirse a la acción mediante la cual el deudor cumple con lo que debe, dando, haciendo u omitiendo alguna cosa. Es ésta la forma voluntaria, normalmente espontánea del derecho.

Siguiendo este orden de ideas es importante mencionar que, ante una negativa por parte del deudor en cumplir con su obligación, se debe recurrir a la Ejecución Forzosa de los bienes registrados a su nombre, considerado como una imposición obligatoria a la parte ejecutada del cumplimiento de las obligaciones a las que fue condenada o a las que tenga por objeto de título no judicial, si no cumpliese voluntariamente.

Por ende, firme una Sentencia de Remate, se puede dar inicio al procedimiento de Cumplimiento de Sentencia establecido en el Código de Forma, la cual tiene como objetivo principal convertir los bienes embargados del deudor tanto mueble como inmueble en dinero – a través del remate judicial – a fin de satisfacer la deuda con el acreedor. Realizada esta conversión mediante el procedimiento referido es donde surge la interrogante que motiva el estudio del presente artículo, esto es, el orden de concurrencia de los privilegios que gravaban los bienes que fueron ejecutados.

Ahora bien, adentrándonos más a la idea central de estas líneas jurídicas y, teniendo en cuenta el principio jurídico llamado “La Pars Conditio Creditorum”, que refiere al derecho del acreedor a ocurrir en igualdad de condiciones con respecto a otros acreedores para acceder al patrimonio del deudor, se plantea la siguiente cuestión: una vez liquidados los bienes del deudor, ¿cómo se determina el orden de prelación de pago cuando concurren varios acreedores a hacer efectivo el cobro de su crédito sobre dicha liquidación?

Analizando la cuestión planteada, es menester saber que nuestro régimen normativo creó unos privilegios que se encuentran taxativos dentro de nuestro ordenamiento jurídico positivo, imposibilitando así que las partes puedan, a través de acuerdos contractuales, determinar un orden distinto a dichos privilegios al legalmente enunciado, sin embargo, cabe resaltar que los mismos, a pesar de encontrarse impuestos no se hallan estructurados de forma ordenada.

Antes de entrar a enumerar el orden de prelación de los privilegios referidos, es preciso detallar a qué se refiere la norma con “privilegios”, esto, a fin de dar un mayor entendimiento a la hora de establecer el orden de prelación. Los privilegios, en materia civil, son aquellos establecidos en la ley a fin de tener una preferencia legal cuando hay concurrencia de créditos, las cuales gozan de prioridad para ser satisfechos con cargo activo del deudor común.

Es importante destacar algunas características con respecto a los privilegios.

  • Accesoria: la preferencia es accesoria con respecto al crédito, es decir, cuando se transmite el crédito se transmite la preferencia
  • Indivisible: respecto a los acreedores que puedan pretender cobrar sobre la totalidad del precio
  • Es creada exclusivamente por la ley: al ser creadas por la ley, no pueden ser convenidos por las partes en sus celebraciones contractuales.
  • Son excepcionales: al decir esto se está hablando que la ley al crear estos privilegios, está dando un orden civilizado al pago de los créditos, siendo así la interpretación de carácter restrictivo.
  • Es renunciable: el acreedor puede renunciar o no hacer ejercer su derecho de preferencia de cobro reconocido.

Un detalle no menor a fin de dar más precisión a la idea es que, sin duda este orden de prelación se produce a los efectos de que los pagos se realicen de forma más ordenada, además de evitar que se produzca un caos y un sinfín de interpretaciones jurídicas debido a una determinación precisa de la preferencia de uno u otra acreencia.

De todo lo expuesto es que el presente artículo va dirigido a ilustrar a los colegas el orden de prelación en base a lo establecido en nuestro ordenamiento positivo, el cual puede estructurarse de la siguiente manera:

  • Gastos en la Ejecución del Bien, tal como lo dispone el Art. 502 del C.P.C.: estos gastos hacen referencia al trabajo realizado para llevarse a cabo la subasta de los bienes, estos serían:
  • H.P. del Abogado del ejecutante en la etapa de Ejecución del bien.
  • Gastos propios del remate (publicación, comisión del rematador, gastos de secretaría)
  • Notificaciones
  • Gastos provenientes de un juicio de Alimentos, tal como lo dispone el Art. 187 del Código de la Niñez y la Adolescencia.
  • Gastos provenientes de créditos laborales, tal como lo dispone el Art. 270 del C.L.
  • Créditos Especiales. Aquellos con garantías reales (Prenda – Hipoteca) tal como lo dispone el Art. 435 del C.C.
  • Créditos Generales. Gastos funerarios del deudor – Gastos de última enfermedad del deudor, durante el término de seis meses – inhumación del causante, tal como lo dispone el Art. 444 del C.C.
  • Créditos Quirografarios. Aquellos que no tienen ninguna garantía o privilegio (Cheque, pagares, certificados de ahorro, etc.)

 

 


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