Reforma del Estado, un proceso de construcción colectiva

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La llegada del Covid-19 puso en evidencia tanto fortalezas como debilidades del Estado paraguayo. Por un lado, las oportunas respuestas en lo sanitario que buscaron ante todo salvar vidas, también mostraron la limitada capacidad del sistema de salud, y por el otro, la demora en las reacciones para mitigar el impacto en la economía, hicieron que se instalara nuevamente el eterno debate sobre la Reforma del Estado.

En el ámbito sanitario, las medidas oportunas para evitar la propagación del coronavirus y el alto grado de su acatamiento han sido motivo de orgullo aún más allá de nuestras fronteras. De no haber sido adoptadas, la limitación de nuestro sistema de salud, una cuestión de fondo de larga data nos hubiera pasado una factura muy elevada en vidas humanas.

En lo económico, la reasignación de recursos, las prórrogas en el pago de impuestos y servicios básicos, las bajas en las tasas de política monetaria y de encaje legal, el aumento de la capitalización de la Agencia Financiera de desarrollo y la creación del fideicomiso, los subsidios a los sectores vulnerables, entre otros, buscaron contener la caída, pero aún se siguen realizando ajustes para que lleguen a todos los afectados por la crisis.

Esta difícil situación encontró al Paraguay de contramano, pues salía de un 2019 de bajo desempeño por una combinación de factores externos, como los bajos precios internacionales, e internos, como la menor producción por causa de factores climáticos adversos, y llevó a la ciudadanía a debatir sobre la necesidad de reformar el Estado para que una próxima crisis encuentre un país con más capacidades de respuestas oportunas.

Un Estado para el país que queremos

En esta discusión, el punto de partida debería ser definir ¿cuál es el país que queremos?, para en base a ello podamos definir cuál es el Estado que nos llevará a esa situación soñada. Solo definiendo qué país queremos, podremos definir el Estado que oriente su desarrollo.

Así, la Reforma del Estado es mucho más que recortar remuneraciones y gastos innecesarios para dar respuesta a la crisis sanitaria, es más que un proceso de redefinición del rol del Estado, la reforma es una oportunidad para cambios estructurales y debería tener una visión general de la situación a largo plazo y de lo que se pretende como sociedad.

Antes del Covid-19, Paraguay tenía los problemas mencionados debido a su estrategia de inserción internacional: concentración agropecuaria y en el comercio regional, entonces era y sigue siendo muy vulnerable a factores fuera de su control. Para salir de ello se necesita de un Sector Público dinamizador de actividades productivas diversas, que propicie la equidad económica territorial, y genere una alternativa al modelo desarrollo de frontera enfocado en la triangulación comercial.

A los problemas mencionados se sumaba los déficits fiscales consecutivos que ponían en evidencia que el Sector Público paraguayo no era capaz de solventar los gastos necesarios para propiciar el desarrollo, pues los gastos rígidos en su mayor parte le daban escaso margen para ahorrar para ello y poder reaccionar en épocas de crisis cuando su principal fuente de ingresos tributarios, el Impuesto al Valor Agregado (IVA), perdiera su poder recaudatorio con la menor actividad.

Uno de los principales problemas se encuentra en la ineficiencia del gasto público que, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) cuesta el 3,9% del Producto Interno Bruto (PIB), similar a la inversión realizada en educación.

El presupuesto de las instituciones aumentó, lo que no se traduce en la misma proporción de mejoras para la sociedad. El Estado mide la cantidad de insumos: escueles construidas, número de funcionarios, etc., cuando lo que se debería medir es la eficiencia para cubrir la necesidad real. Así del 2003 al 2020, el número de funcionarios aumentó en 116.582, el de docentes, en 16.524, pero aún necesitamos 35 días para registrar un nuevo negocio y 6 de cada 10 niños/as que inician el primer grado no logran terminar la educación media.

Más que un Estado que siga gastando en insumos, necesitamos uno que frene el gasto innecesario, que evalúe objetivamente el desempeño del servicio público, que no permita la más mínima corrupción y la sancione duramente, que se mida por entregables en cuanto a resultados esperados y que vuelva al equilibrio fiscal lo antes posible.

Los sólidos fundamentos macroeconómicos permitirán al país sortear la crisis con el menor impacto negativo si lo comparamos con otros países de la región, pero esta situación requiere pensar el Paraguay de largo plazo, donde la pobreza y la desigualdad no limiten las oportunidades de los grupos vulnerables, para lo que se necesita de un Estado que contribuya a mejorar sus capacidades.

Mejorar la calidad el gasto público y con ello los resultados requiere de un sistema tributario que tenga eficacia en la recaudación, con más impuestos directos, de un Estado que facilite el registro de todo actor económico, adopte políticas de incentivos a las Pymes en todo el territorio, asuma el proceso de sofisticación como gasto público permitiendo la inclusión económica y financiera, construya un sistema de Protección Social y Seguridad Social con amplia cobertura, eficacia y uso de tecnología, se enfoque en garantizar servicios, como la salud universal y la educación de calidad.

En suma, necesitamos un Estado que genere las condiciones para el crecimiento económico sostenido que conduzca al desarrollo económico y social, propiciando la inclusión mediante la generación de empleos y oportunidades, así como cambios significativos en la distribución del ingreso de modo a mejorar la calidad de vida de las personas.

La Reforma del Estado es un proceso evolutivo, construido colectivamente, que debe llevarnos a esa situación ideal, en la que necesitamos una transformación educativa que genere resultados no solo académicos sino en la vida socio productiva deseada, un Gobierno digital y ciudadano que permita identificar y contribuir al desarrollo de todos según su necesidad, instituciones sólidas que trabajen de manera coordinada, con funcionarios altamente profesionalizados, estrategias de inversión pública en infraestructura y en capital humano que generen desarrollo y equidad territorial, y que no descuiden la inversión en lo social y ambiental.

Esta crisis nos demostró que la prioridad para la mayoría es la vida, pero también demostró que para protegerla y garantizar sus derechos debemos estar preparados, por lo que pensar en generar las condiciones necesarias para ello, mediante un Estado más eficiente y cercano a la población, debería ser prioridad.


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