Índice Mujer. Una oportunidad postpandemia

Un milésimo de esfuerzo alcanza, para empezar a emparejar la historia

Alberto Biglieri – @nachobiglieri

Alberto Biglieri

La tendencia global sobre la política de género, entendida como un paso hacia adelante que elimine “el techo de cristal”, en tanto limite que la sociedad patriarcal le impuso a las mujeres, avanza a fuerza del legítimo y homogéneo reclamo social y de un orden jurídico enunciativo con poco practicidad.

En el esquema constitucional del Paraguay se destacan las máximas pautas de paridad “Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones. El Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las propicien. Las protecciones que se establezcan sobre desigualdades injustas no serán consideradas como factores discriminatorios sino igualitarios. ” (Art. 46). Y luego en el artículo 48, sobre la igualdad de derechos de hombres y mujeres, se estipula que: “El hombre y la mujer tienen iguales derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales. El Estado promoverá las condiciones y creará los mecanismos adecuados para que la igualdad sea real y efectiva, allanando los obstáculos que impidan o dificulten su ejercicio y facilitando la participación de la mujer en todos los ámbitos de la vida nacional”

Una fuerte declamación que reclama mayores y puntuales impulsos para igualar los derechos de hombres y mujeres en los ámbitos públicos y privados.

En nuestra región, la incidencia administrativa en la economía es tan relevante que merece un especial abordaje. Dispensar al Estado de acciones positivas que incluyan la perspectiva de género es condenar la letra constitucional al desuetudo.

Como otras veces, el derecho comparado de las Directivas del Consejo de la Unión Europea, sirven de ejemplo y pauta para analizar algunas recetas de aplicación y armonización en los países del Mercosur.

Una pomposa iniciativa de 2012, planificaba para la UE un cronograma, en el que estableció “un objetivo de un 40 % de presencia del género menos representado entre los administradores no ejecutivos de empresas cotizadas en bolsa” Se exigía que la cobertura de los puestos para llegar a ese equilibrio tenía que ser alcanzado a fines del 2020, mientras que las empresas públicas se preveía lograrlo en 2018.

Al menos en los sitios oficiales de la UE, a la fecha, no se reportan informes actualizados sobre la situación de las empresas públicas.

Con el horizonte fijado en 2012 a la vista, y pandemia mediante, los informes que detallan el avance de la situación entre las empresas privadas, no son alentadores. Solo constan en los sitios oficiales de la UE, unas pocas menciones sobre la “instalación” del tema en 2015, en las agendas de los compromisos comunitaritos.

Luego, en el mismo informe de Equilibrio de género en los directorios de las empresas de 2019, se reconoce que “la UE todavía tiene una puntuación baja cuando se trata de la igualdad en la toma de decisiones, y que la brecha entre los Estados miembros se está ampliando.” Siempre se ve más verde el jardín del vecino.

Sin tanta arrogancia, creo encontrar un camino menos farragoso que el europeo, con tantas normas comunitarias originarias, derivadas y transposición a los derechos nacionales. Veamos.

La crisis sanitaria va camino a formar conciencia para imponer un By Pass como el que ya propusimos anteriormente en artículo con ese nombre en BAE Negocios de Buenos Aires. (https://www.baenegocios.com/columnistas/By-pass-20200628-0008.html). Las debilidades del 2020 nos presentan varias oportunidades de cara a 2021.

También, de este lado del Atlántico se comienza a trasformar en letra la expectativa que genera la necesidad de adoptar medidas efectivas en busca de la paridad. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, existe una interesante iniciativa con la que se busca “Potenciar el rol de las mujeres como proveedoras del Estado” a través de un reconocimiento en el sistema de inscripción de proveedores (RIUPP) que otorga un sello distintivo a las proveedoras que se lo soliciten.

Pero quiero avanzar más y retomar la experiencia europea, buscando objetivos más simples y efectivos. Medidas que se puedan implementar desde la agilidad que brindan los marcos regulatorios nacionales y regionales. Reglamentos institucionales y Pliegos licitatorios favorecen esta posibilidad que vengo a plantear.

Los balances, las reformas societarias, el reordenamiento de los directorios de las empresas públicas, de las privadas, y entre estas últimas en especial las que tienen participación estatal, no podrán ser exigibles a la hora del desarrollo de cualquier trámite o contrato, pues la gran nave estatal estuvo ( y estará) afectada por este  gran párate. La lógica indica que las empresas, en los hechos, podrán actuar durante este año y los principios del próximo sin constancias de libre de deudas impositivas, ni balances aprobados, ni actualización de autoridades o inscripción de reformas estatutarias, por las obvias razones señaladas. Las autoridades tributarias, las obligaciones contables y la supervisión de las personas jurídicas no estarán en condiciones de ponerse al día hasta bien entrado el 2021.

Y ahí aparece la oportunidad. Recoger la idea de impulsar en aquellas sociedades comerciales privadas un reconocimiento concreto a sus mejoras en la apertura de la toma de decisiones a las mujeres. Cuando a la fecha de presentarse en compulsas públicas, puedan acreditar una conformación de sus órganos directivos con crecimiento de la proporcionalidad de género en función de su anterior composición, recibirán el Índice Mujer. Este índice constará en un valor, de apenas un milésimo de fracción, cuyo representación aritmética, se aplicará para multiplicarla por cualquiera que sea el resultado final de las formulas polinómicas o comparativas de precios que arrojen los análisis previos de la oferta en las Licitaciones a las que se presenten. Así ese resultado surgido del análisis de precios (P) se multiplicará por el índice mujer (P x 1,001) valorando la perspectiva de género que hayan asumido las empresas privadas. La preadjudicación así calculada, será una acción positiva respetuosa del principio de juridicidad.

De toda lógica, las empresas públicas o con participación estatal deberían tomar nota de esta nueva realidad, si se quiere, del derecho indicativo y cada Estado tendría que analizar a la luz de estas iniciativas las mesas directivas de su holding empresario, en especial las regidas por el derecho comercial.

Nota aparte, en el marco de Integración Regional, estructuras como el FOCEM, deberían incorporar inmediatamente en sus normas licitatorias el Índice Mujer, sin pérdida de tiempo. Es solo una cuestión de incluirlo y cumplir con la voluntad que exige la sociedad local y global, y que plasmamos en nuestras constituciones y en los Tratados Internacionales que juramos honrar.


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