Reactivación económica debería ser inicio de un proceso diferente

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La pandemia de la Covid-19 tomó desprevenidos a todos los sectores, incluyendo al Sector Público. La economía paraguaya, que apenas pudo pasar el 2019 sin caer en el plano negativo, acusó los efectos del distanciamiento social establecido para evitar un contagio masivo, que no hubiera encontrado contención dadas las debilidades del sistema de salud, mientras que el Estado, que arrastraba un déficit fiscal por 8 años consecutivos, tenía limitadas capacidades para reaccionar. 

El difícil contexto socioeconómico generado por el coronavirus puso en evidencia la necesidad de un ajuste sostenible de la estructura  tanto de ingresos como de gastos estatales, así como de una mejora en la eficacia de la recaudación de los primeros y en la eficiencia de los segundos, dado que, si bien los ingresos han ido creciendo con el paso de los años, los gastos los han superado, sin que ello se traduzca en avances notorios en materia de resultados, esto es, se han utilizado los recursos obtenidos para aumentar los insumos, mientras el control de los resultados quedó relegado. 

De esta manera, la capacidad para ahorrar se fue reduciendo al igual que los ahorros del fisco, y el país incurrió en déficits consecutivos que se profundizan en situaciones de crisis, como la del 2019, en el que el déficit fiscal representó el 2,9% del Producto Interno Bruto (PIB), casi el doble de lo permitido por la Ley de Responsabilidad Fiscal, y la del presente año en el que dicho déficit superaría el 7% del PIB.

El Estado y la economía en tiempos de crisis y pos crisis

En estas condiciones, el Estado ha tenido escasas posibilidades de reaccionar oportunamente en la crisis actual para sostener a los sectores más afectados por la reducción de la actividad económica, tales como las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), los trabajadores informales y la población más vulnerable como la que se encuentra en pobreza extrema.

Si bien el Gobierno ha presentado los principales lineamientos, se encuentra aun ajustando los detalles del Plan de Reactivación Económica, reactivación que debería ser programada como el inicio de cambios permanentes que posibiliten, una vez superada la crisis, un proceso sostenido y sostenible de desarrollo socioeconómico y social. 

El Plan presentado tiene tres ejes de acción: la inversión para más empleos, financiamiento para desarrollo, y, protección social, ingresos e integración inteligente, con un monto total previsto de USD 2.513,6 millones, que en parte sería cubierto con emisión de deuda, que así superaría el 30% del PIB. 

El 55% del total sería destinado a inversiones en infraestructura a ejecutarse en el segundo semestre, que están distribuidas en diferentes lugares del territorio nacional y sin dudas generarían empleos durante su construcción, permitiendo a muchos sobrevivir a esta crisis. No obstante, dichas obras deberían estar vinculadas a un claro plan de desarrollo territorial de largo plazo, que posibilite mejorar la productividad, eficiencia y capacidad de empresas y personas a modo de generar un impacto mayor en el bienestar de las comunidades. 

La Protección social, los ingresos y la integración socioeconómica constituyen el segundo eje del plan, contemplándose, entre otras medidas, un fondo de USD 250 millones a ser utilizados para extender de agosto a noviembre las transferencias de Gs.500.000 a través de Pytyvó, que abarcarían 770.000 beneficiarios. Sin embargo, por un lado, dicho monto sería asignado por beneficiario mayor de edad afectado por la crisis, lo que significa que en una familia tipo de 2 adultos y 2 menores de edad, no cubriría la línea de pobreza; por el otro, la informalidad estructural existente requiere de medidas de más largo plazo, que permitan dar soporte por más tiempo a las familias vulnerables e iniciar un proceso de desarrollo de capacidades para la adaptación a la nueva normalidad pos covid-19 en un entorno de más seguridad en el ingreso y con protecciones como un seguro de desempleo que lo garanticen en situaciones no previstas como la actual. 

El tercer eje contempla facilitar el financiamiento involucrando al Banco Nacional de Fomento (BNF), la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), el Fondo Ganadero y el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH), como instituciones canalizadoras de recursos hacia los sectores productivos, y al Banco Central del Paraguay, como órgano rector de la política monetaria nacional que tiene a su disposición instrumentos para crear un marco propicio para los créditos. En este aspecto, también se necesitan de medidas complementarias, dado que quienes podrían acceder a este financiamiento serían las empresas formalizadas, dejando atrás a la mayor parte de las Mipymes que no cuentan con RUC y/o no tienen forma de demostrar ingresos pasados y menos aún los futuros. Así, urge contar con un mecanismo ágil de registro de las mismas que sea accesible a todas y posibilite al Estado conocer su situación para focalizar la asistencia. 

Otro tema importante para la economía nacional contemplado en el plan es el comercio fronterizo que con las reexportaciones aporta el aproximadamente el 30% del total exportado por el país. Así se prevén medidas como la reducción del IVA efectivo al 1%, del ISC y de la tasa de la Dinac, la extensión del régimen de turismo y el establecimiento de un Courier fronterizo. Sin dudas las mismas ayudarán en parte a la zona de frontera afectada, pero la misma requiere pensar desde el Estado y la sociedad un nuevo modelo de desarrollo que la proteja de los vaivenes de los países vecinos. 

De esta manera, si bien el plan presentado constituye un inicio, la reactivación económica que se ha puesto en marcha lentamente requiere de un Estado más presente en la economía que garantice los derechos de todos, así como también requiere de medidas y acciones de más largo plazo que aúnen esfuerzos y produzcan sinergias que conduzcan a un desarrollo sostenible y sustentable con igualdad de oportunidades y equidad en la distribución. 


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