FG insiste en derogar Ley de APP bajo argumentos inconsistentes

La
modificación del artí­culo 52 de la Ley 5.102/13, de Asociación Público Privada
por parte del Senado el pa­sado día jueves, no es sino el comienzo de lo que
germina entre los legisladores res­pecto a esta ley de incentivo a la
inversión.

Cuando
tras la aprobación de la ley la izquierda presio­nó para su derogación nadie
pensó que en algún mo­mento tal cosa llegara si­quiera a ser tomada en serio.

Hoy, sin
embargo, tras la voraz pelea interna dentro del partido de Gobierno entre
Ejecutivo y legislado­res, la mayoría colorada del Congreso ha tomado como
premisa hacer frente a cual­quier propuesta, decisión o intención del jefe de
Estado y la derogación de la Ley de APP suena fuerte en boca de muchos en el
Congreso.

POSTURA

La
senadora Esperanza Martínez habló la semana pasada con el programa ra­dial 5días
en La Unión
de la 800 AM, y a la pregunta de por qué el FG impulsa la de­rogación
de la ley, dijo que la misma es inconstitucional.

“No sólo
tiene una cláu­sula de inconstitucionali­dad como es el artículo 52, que no
permite que cada proyecto de concesión sea aprobado por una ley, como lo
establece la Constitución paraguaya. La ley tiene una serie de medidas que
están relacionadas al tema de la concentración de poder en el Ejecutivo y saca
al Poder Judicial y al Legislativo en algunos casos, competencia para actuar,
concentrán­dolas en el Presidente de la república o el ministro de Obras
Públicas”.

Esgrimió como argumento el
entredicho entre el mi­nistro de Obras y una ofer­ta pública que vino de una
empresa ligada a su padre. “Hay una serie de medidas de concentración de poder
que nosotros creemos que está contenido en el tema de la ley y no solamente se
limita a la inconstituciona­lidad o no. Por eso tenemos modificaciones para
varios artículos de la ley, y tenemos una propuesta de rechazo, así como en su
momento emitimos una medida de inconstitucionalidad ante la Corte, que por
supuesto no corrió”.

Preguntada sobre si em­banderan
el descabellado discurso de los sindicatos de instituciones estatales,
aludiendo a una supues­ta rifa del patrimonio del Estado, evitó afirmaciones o
negaciones y desvió la pregunta diciendo que “hay políticas de Estado para in­versiones
públicas que son de primera necesidad, por ejemplo el acceso al agua potable,
el acceso a la elec­tricidad, a la comunicación.

Los servicios públicos en
todas partes del mundo son protegidas y garantizadas por el Estado, porque si
se dejan al libre comercio, hay zonas en el país como el Chaco, Alto Paraguay,
poco poblado, de difícil acceso y donde el indígena es el principal habitante
con bajísimas posibilidades económicas, bueno, qué empresa va tener interés en
extender la cobertura allá porque probablemente sea a pérdida; de acuerdo con a
las reglas de mercado no entrarían a ser un negocio para la empresa privada”.

Lo que la legisladora ol­vida
es que el déficit de infraestructura del país es desgarrador, y que no hay
recursos propios para la inversión. Asimismo, el Estado debe garantizar
servicios de agua y sa­neamiento, no se le puede pedir a inversionistas pri­vados
que hagan caridad en el interior de un país precario, hay que ofrecer­les
inversión en sectores útiles para la economía del país, necesarios para
garantizar e incrementar la expansión del PIB y que, por otro lado, también ge­nere
retorno para el que pone la plata, es decir, el inversor privado.

OBRAS

Sin Ley de APP no habrá
ensanchamiento de ruta, puentes de hormigón ni aeropuerto digno y todo seguirá
igual. Eso sí, los sindicalistas seguirán ma­mando de las tetas de un Estado
ineficiente, las se­cretarias VIP y los jugado­res de fútbol del Contralor
seguirán llevándose nues­tros impuestos y el com­bustible para patrulleras
acabará canjeado en dinero para unos pocos avivados.

 

También podría gustarte Más del autor