Empresarios iniciarán lobby para que Diputados revean modificación de la ley de APP

 La tercera ley de Newton dice
que toda acción tiene una reacción, cuya fuerza es directamente propor­cional a
la fuerza aplica­da. Esto fue lo que se vio tras la modificación del artículo
52 de la Ley de APP por el Senado la se­mana pasada.

Prácticamente la totali­dad de los gremios y nu­cleaciones
empresariales del sector privado han reaccionado en contra de la posición
adoptada por la Cámara Alta.

En la mañana del lunes los principales referen­tes
empresariales sostu­vieron una reunión con el presidente Horacio Cartes,
durante la cual le manifestaron apoyo frente a la disidencia de su partido y
los propios partidos de oposición.

También en horas de la mañana se reunió todo el
Equipo Económico na­cional en el Ministerio de Hacienda para manifes­tar su
repudio a la modi­ficación de la Ley de APP y advertir sobre la toxici­dad de
las consecuencias, llegando incluso a decir que el objetivo de alcan­zar al
grado de inversión se ve seriamente afecta­do.

Javier Bernardes, pre­sidente del Club de Eje­cutivos,
conversó con
5días en La Unión en la 800 AM, y no
escondió su descontente con el Sena­do acerca de lo que consi­dera como un
mensaje de falta de previsibilidad del país frente a las inten­ciones de
inversionistas extranjeros.

“Acá el punto –más allá del artículo
52 pun­tualmente- y quiero extenderme, es sobre la generalización de esta
situación. Lo que esta­mos haciendo es enviar un mensaje de falta de
previsibilidad en nuestro país, donde se puso una regla de juego dentro del
mismo Congreso -ni si­quiera estamos hablando de otro mandato, de otra
administración- marca­mos la cancha, invitamos a los inversionistas a que
vengan a invertir con es­tas reglas de juego y aho­ra las cambiamos. Todos
sabemos que las expe­riencias de otros países como Chile y Uruguay han tardado
entre cuatro y cinco años para empe­zar a aplicar”.

Subrayó la corta vida de una ley aprobada hace menos de
dos años por el propio Congreso, que hoy la califica de inconstitu­cional, y
tachó de perni­ciosa la conducta de los legisladores.

“Una vez accionada la ley, tarda algunos años en que
esto pueda empe­zar a funcionar, pero qué ocurre que antes mismo que empiece a
accionar nosotros ya les cambia­mos las reglas de juego, más allá del artículo
52. El mensaje es sumamen­te pernicioso para el Pa­raguay porque no tiene una
conducta de previ­sibilidad y, además de no tener una seguridad jurídica donde
sabemos que el país te va proteger, hoy tenemos que decirle a los extranjeros
que el problema no se limita a la Justicia, sino que las propias leyes del país
se pueden cambiar en cual­quier momento”.

Dijo que la reunión del
lunes, de la cual no parti­cipó, pero cuyos detalles conoce, fue para mani­festar
apoyo al Ejecutivo y preparar una estrategia
 de lobby en
Diputados, donde se presume recha­zarán las modificaciones introducidas por el
Sena­do.

“La reunión del lunes con el Presidente fue más bien
para expresar el apoyo y el pedido de poder hacer un fren­te y hacer lobby con
la Cámara de Diputados, de modo que se rechace esta modificación y que por
supuesto se trate de hablar con los políticos de tal forma que esto no avance,
porque estamos a tiempo todavía de atajar”.

 

CONGRESO HOSTIL

Al respecto, y ante la consulta de qué exacta­mente
puede hacer un Ejecutivo donde el Senado le es hostil, dijo que esta situación
de tensión entre poderes es algo común, no sólo en Paraguay, sino en otros
países.

“Esta es una historia ya no nueva, es eterna
entre el Congreso versus el Eje­cutivo, y no sólo se da en Paraguay, se da en
todo el mundo. Déjame creer por lo menos, que se tra­ta sólo de una reacción a
una situación política co­yuntural. Es inviable que esta relación continúe así
a largo plazo. Esto está bien politizado y tiene relación con las internas
coloradas. Así también los opositores, dentro de su rol de oposición como el
Frente Guasu tienen, se le acopla el G-15 pasán­dole factura al Presidente por
una cuestión interna que todos sabemos, esa es la lectura porque es im­posible
que hayan cam­biado de parecer tan solo un año y medio después de haber
aprobado la Ley de APP”.

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