La obligación de mitigar el daño

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Jorge Cañete

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Como lo hacen todos los sistemas jurídicos, el derecho paraguayo reconoce como regla general el deber de responder. Es decir, aquella persona que comete un acto ilícito responde por los daños causados. Existe un deber de reparación integral del daño. Éste existe siempre y cuando se cause un perjudico a una persona, ya sea en sus derechos o facultades, o en aquellos casos que las cosas bajo su dominio o posesión se vean afectadas. Debe producirse una equivalencia entre el daño generado y la indemnización pagada. Con esto, no se busca el castigo al autor, sino la reparación del daño sufrido.
Nuestra legislación reconoce, además, la figura de la culpa contributiva, es decir la posibilidad de que en la producción del daño hubieren concurrido su autor y el perjudicado. Si tal fuera el caso, la obligación y el monto de la indemnización dependen de las circunstancias particulares y de que el perjuicio haya sido principalmente causado por una u otra parte.
Pueden ocurrir distintos tipos de daños; el daño material o patrimonial, este es el que afecta al patrimonio, produciendo una disminución económica en la víctima luego del accidente. A su vez, el daño patrimonial se divide en dos clases, daño emergente y lucro cesante. En el primero la disminución patrimonial es efectiva y actual, en cambio en el segundo es la pérdida del incremento que habría tenido la víctima, de no haber ocurrido el accidente.
El daño también puede ser moral, y lo podemos definir como el menoscabo, lesión o deterioro de la víctima en su vida espiritual. La reparación del daño moral reviste grandes controversias, debido a la dificultad, primero; de establecer valores monetarios a las molestias o turbaciones sufridas y, segundo, a la dificultad de establecer cuáles serían las molestias normales o cotidianas de la vida diaria que no merecen reparación y cuáles aquellas que deben ser indemnizadas. El monto de la reparación del daño depende de la extensión del perjuicio sufrido, y no de la gravedad del hecho.
Ahora bien, el derecho paraguayo aún no reconoce el instituto de la denominada “obligación de mitigar el daño.” Bajo la misma, no devienen indemnizables aquellos daños que la víctima ha sufrido y que habría podido evitar adoptando medidas razonables. A pesar de su falta de reconocimiento, este instituto representa una cuestión interesante a los efectos de moderar los daños y disminuir costos económicos innecesarios, debido a que pueden darse situaciones, en las que la víctima esté en posición de disminuir el daño, de forma a que el acreedor o el agente causante, no deba pagar los perjuicios incurridos inicialmente.
Los doctrinarios en el derecho angloamericano señalan al deber de mitigar los daños con la expresión “doy to mitigate”, según indica el jurista anglo-alemán Schmitthoff y hace referencia a “que la parte que sufre el incumplimiento tiene que realizar todas las medidas razonables para mitigar las pérdidas que ha sufrido, ya que no puede ser indemnizado por aquellas que pudo mitigar”. Tal como lo expresa la española Soler Presas, con esto se “exige al acreedor del resarcimiento la adopción de todas aquellas medidas que, atendidas las circunstancias del caso, se estimen razonables para evitar o paliar la propagación de las consecuencias del daño causado”. A lo que con acierto el reconocido jurista Morales Moreno, añade que tales medidas deben también ser exigidas para “evitar que el daño llegue a producirse”.
Juan Pablo Pérez, maestro sevillano, considera que se trata de una carga del acreedor de la indemnización, porque si la incumple no se le impone coactivamente; técnicamente no existe una sanción, simplemente tiene como consecuencia que no recuperará todos los daños sufridos, sino sólo los que no podían ser evitados ni aminorados.

Si por culpa del deudor que no cumple cabalmente con su deber de construcción, el techo de una bodega o depósito cae, resulta natural que las mercaderías allí existentes se dañen, pero tal vez el acreedor, producida la caída del techo, habría podido llevar parte de la mercadería no dañada, a otro lugar para ponerla a salvo, de modo que el deudor no tenga que indemnizar por aquellas que resultaran averiadas por la lluvia una vez que el techo cayó; es la situación que Ramón Domínguez Águila nos brinda como ejemplo clarificador. Además, formular una pregunta interesante; al no existir norma que obligue a la víctima a tomar las medidas para evitar o minimizar el daño, ¿debe el juez tener en consideración la omisión del deudor en disminuir su propio perjuicio, al tiempo de fijar el monto de reparación?
Del ejemplo también podemos hacer notar que la actitud de la víctima ya no sería una actitud pasiva frente al daño, aguardando simplemente el resarcimiento del autor por los daños ocasionados. Se impone a la víctima la obligación de actuar, mitigando el daño sufrido.
Si bien el principio de minimización del daño es un principio contrario a nuestra legislación tradicionalista de reparación integral, podría resultar interesante considerar la conveniencia de integrar su regulación en nuestro ordenamiento normativo, al igual que países jurídicamente más avanzados como los Estados Unidos, España, Alemania, China, Hungría, entre otros, quienes ya cuentan con su normativa regulatoria.

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