América Latina y sus trapos sucios

Hace apenas un par de años, la lucha de América Latina contra la corrupción política comenzó a abrir nuevos caminos.

Mac Margolis
BLOOMBERG

Y tal vez en ninguna parte la renovación haya sido más drástica que en Guatemala, donde la indignación popular, los intrépidos auditores y, más notablemente, un equipo formidable de investigadores extranjeros anticorrupción con un arrollador informe persiguieron a los criminales en las oficinas de más alto nivel.
Al mando de la campaña guatemalteca contra la corrupción está la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), patrocinada por Naciones Unidas, que se formó en 2007 para apoyar a las tambaleantes instituciones nacionales y garantizar que los violadores de los derechos humanos comparecieran ante la Justicia por actos cometidos durante la guerra civil que vivió el país durante 36 años. Desde entonces la tarea del organismo se ha ampliado para hacer frente a otro flagelo: la impunidad en los casos de corrupción política.
INMUNIDAD
Los investigadores de la ONU no aflojaron. Dos años más tarde, acusaron al sucesor de Pérez Molina, el humorista convertido en político Jimmy Morales, de delitos potencialmente mayores y presionaron al Congreso para que le quitara la inmunidad presidencial. Morales se defendió, declarando al investigador jefe de la CICIG, el fiscal de origen colombiano Iván Velásquez, persona non grata e intentando sin éxito expulsarlo del país.
La ofensiva anticorrupción de Guatemala llamó la atención de entusiastas de todo el hemisferio. Washington, que financia la mitad del presupuesto anual del organismo de la ONU de US$ 12 a US$ 15 millones, comenzó a ensalzar el modelo guatemalteco de lucha contra la corrupción. Honduras estableció un organismo de investigación similar, bajo el amparo de la Organización de Estados Americanos. El Salvador y Panamá han coqueteado con la idea, y un excomisionado de la CICIG llegó incluso a sugerir una autoridad anticorrupción para toda la región.
Después de todo, en naciones acostumbradas al mandato de caudillos y a las deficiencias de instituciones débiles, ¿por qué no traer a los expertos? Así como el Fondo Monetario Internacional ha actuado como un banco central sustituto para naciones pobres con problemas financieros, la CICIG ha sido el brazo protésico de la legislación guatemalteca. Una docena de jueces corruptos y unos 2.500 policías deshonestos han sido despedidos.
IMPUNIDAD
Estas medidas han fortalecido la asediada oficina del fiscal general y envalentonado a los fiscales y auditores nacionales. “Cuando se pasa de la casi total impunidad a una serie de procesamientos, hay un cambio fundamental en las expectativas”, me dijo Daniel Wilkinson, de Human Rights Watch. “Todos comienzan a creer en la Justicia y eso hace que valga la pena correr el riesgo de denunciar”.
Pero, ¿cuán sostenible es la experiencia guatemalteca? ¿Puede exportarse? Una mirada más atenta a la cruzada anticorrupción de América Latina plantea dudas. Claramente, los fiscales en la cruzada de la ONU han sacudido a grupos de interés arraigados. Pero después de una década de operación, ¿han acercado también al país a la independencia judicial?
Importar vengadores puede ser heroico, pero en última instancia es una solución temporal.
Considere la caída de los líderes corruptos del fútbol de la región, que fueron sacados de sus cargos por los esfuerzos combinados de los investigadores de EEUU, Suiza y América Latina.
Para que la Primavera de América Latina dure, la región necesitará todas las herramientas que pueda conseguir, además de sumar muchos héroes.

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