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Grietas en ofensiva contra el dengue

 
 
 

Si algo no se le puede achacar al Ministerio de Salud Pública es haber aflojado en su campaña contra el dengue. Tanto a través de sus alianzas con empresas privadas como su propia política de comunicación institucional, el ministerio viene martillando sostenidamente sobre el peligro de que esta enfermedad pueda salirse una vez más de su fase endémica e instalar una epidemia con un nuevo serotipo aún más agresivo y peligroso. Los casos frecuentes y los decesos ya registrados tienden a darle la razón. 

Pero es sabido que en esta enfermedad, no hay manera de desplegar una fase preventiva por vacunas, como lo sería el sarampión, la tos convulsa, la difteria y males similares. El dengue no tiene vacuna y solo cabe la fase reactiva, es decir, atender al enfermo declarado lo mejor posible.

La única prevención –y lo escuchamos hasta el cansancio- es eliminar los criaderos del mosquito vector, que se caracteriza por reproducirse en reservorios de agua limpia y oculta.

Esta fase corresponde a los municipios, que tienen la herramienta coercitiva apropiada: la persecución de propietarios de aquellos reservorios instalados espontáneamente en patios baldíos, construcciones abandonadas y sitios que no tienen un cuidado regular.

Pero aún ante los casos fatales y los que en fase epidémica llenan los hospitales, las administraciones municipales no han aprendido la lección. Sus atiborradas oficinas, llenas de funcionarios sin propósito ni utilidad alguna, son incapaces de proveer el personal que se necesita para perseguir a propietarios incapaces de limpiar sus propiedades o sencillamente indiferentes ante el peligro del dengue.

Nadie espera que los municipios despachen batallones de funcionarios a realizar limpiezas compulsivas. Hay un método mucho más efectivo y expeditivo: inspecciones, multas dolorosas e implacabilidad en su aplicación. De nada sirven las campañas de Salud Pública, que cumplen la fase educativa y de formación de conciencia ciudadana, si los municipios son incapaces de ejecutar lo que la ley los faculta: uso de la coerción legal, la que duele en el bolsillo, que es el único lenguaje que entiende el remiso, el inconsciente, el mal ciudadano.

Las administraciones municipales deben dejar de mirar hacia otro lado y esperar que la ciudadanía le achaque toda la culpa a Salud Pública… que bien podría exigirse si el ministerio no hubiera hecho su tarea. Pero hete aquí que no es el caso. La actual ministra tiene todo el derecho de apuntar con el dedo a los intendentes… comenzando por el de Asunción… y pedirles cuentas sobre su lenidad y falta de acción.

¿Habrá que esperar más muertes para que despierten de su siesta? 



 

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