Paloma Muñoz
*Analista

Cuando se ejecutan de manera sostenible, la inversión extranjera y los negocios pueden ser fuerzas impulsoras de la igualdad y la prosperidad. De manera errada, sin embargo, las empresas pueden obstaculizar el desarrollo, afianzar la discriminación, degradar los recursos naturales y explotar a los grupos vulnerables. Esto último es cada vez más evidente en América Latina, donde el desarrollo económico en muchos países tiene un alto costo humano, con actividades del sector privado que impactan negativamente todo el espectro de los derechos humanos, dando lugar a protestas y violencia generalizada.

Crecientemente, algunas empresas en el mundo están contribuyendo a la violencia mortal, como ha señalado la ONG internacional Global Witness, la cual informó que 711 personas fueron asesinadas en los últimos diez años en el mundo mientras defendían los derechos de la tierra y los bosques respecto a las operaciones comerciales. Pese a que el número de asesinatos se ha casi duplicado en los últimos tres años, se ha constatado que en muchos países hay una preocupante falta de información sobre estos asesinatos, lo que sugiere que esta cifra es una subestimación de la magnitud del problema.

Tres de los cuatro países con las más altas tasas de violencia relacionada con negocios están en América Latina: Brasil, Colombia y Perú. En 2011, el Relator Especial sobre los Defensores de los Derechos humanos señaló que “los defensores trabajan sobre temas de tierra y medioambiente en conexión con las industrias extractivas, construcción y… los proyectos de desarrollo en América… enfrentan el riesgo más alto de muertes como resultado de sus actividades en derechos humanos”.

La enorme impunidad de los asesinatos relacionados con negocios agrava este problema. Desde la perspectiva de la gobernanza, la pregunta es: ¿qué deberían hacer los tomadores de decisión en la región acerca de esta tendencia preocupante? Más allá de abordar la cuestión de la impunidad, los gobiernos deben tratar de prevenir los abusos antes de que ocurran, incluso abordando las causas fundamentales de las quejas promovidas por los defensores de los derechos humanos en toda la región.

De la protección al respeto. En la práctica, el derecho internacional aún no ha abordado formalmente el rol del sector privado en relación a los derechos humanos, lo cual ha contribuido a crear un vacío normativo donde especialmente las empresas transnacionales pueden operar con casi completa impunidad en países con instituciones y marcos legales débiles.

En los últimos años, sin embargo, la comunidad internacional ha tratado de abordar este problema y, cada vez más, las empresas están siendo consideradas responsables por sus impactos en los derechos humanos así como por el impacto de sus proveedores y socios alrededor del mundo.

Este desarrollo se ilustra de mejor manera en los Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos: puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para proteger, respetar y remediar, desarrollados por el Representante Especial para el Secretario General de las Naciones Unidas John Ruggie, aprobados por unanimidad por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2011, haciendo de los Principios Rectores (PR), el marco de autoridad para los derechos humanos y los asuntos de negocios. Este marco de “no hacer daño” proporciona el fundamento conceptual para la división de roles y responsabilidades de diferentes actores en relación al impacto del sector privado en los derechos humanos. Se basa en tres pilares: el deber de los Estados de proteger contra los abusos a los derechos humanos por parte de terceros, incluidas las empresas; la responsabilidad empresarial de respetar los derechos humanos, mediante la cual las empresas deben actuar con la debida diligencia para evitar infringir los derechos, así como abordar los impactos negativos en los cuales pueden estar involucrados; y el acceso a la reparación para las víctimas.

Los PR y su marco subyacente han tenido un gran alcance. Antes del 2008, cuando el marco de los tres pilares fue desarrollado, el término “debida diligencia en los derechos humanos” era prácticamente desconocido. Desde entonces el término ha sido incorporado a una variedad de políticas, incluyendo los Principios rectores para empresas multinacionales de la OCDE, ISO 26000, las normas de desempeño sobre sostenibilidad ambiental y social de la Corporación Financiera Internacional (IFC por su sigla en inglés), la estrategia sobre responsabilidad social corporativa de la Unión Europea y la ley Dodd-Frank estadounidense.

Además, un estudio reciente señaló que el 65% de las compañías mineras están trabajando activamente para dar cumplimiento a los PR, por lo cual se espera que tengan repercusión en uno de los sectores más controversiales de América Latina. Principios en práctica. El desafío ahora es pasar de los principios a la práctica; un componente clave es el deber del Estado de proteger. En este sentido, en noviembre de 2011, el presidente Juan Manuel Santos de Colombia firmó una declaración conjunta sobre derechos humanos con el Primer Ministro de Inglaterra David Cameron.

Los dos países reconocieron la importancia de trabajar con el sector privado sobre temas de derechos humanos y se comprometieron a implementar los PR. Este compromiso pone a Colombia en la vanguardia de la discusión sobre los derechos humanos y los negocios en América Latina. No está del todo claro cuáles son las medidas prácticas que está tomando el gobierno colombiano para dar cumplimiento al compromiso asumido en la declaración conjunta. Aún menos claro es cuanto se demorará el resto de la región en seguir ese camino. Si bien Argentina fue uno de los cinco principales partidarios del mandato de John Ruggie, y otros países de la región apoyaron la adopción de los PR en el Consejo de Derechos Humanos, ningún otro país latinoamericano ha declarado formalmente su intención de traducir los PR en políticas públicas y legislación nacional.

Esto no debería ser ninguna sorpresa: el proceso de diseminación de los PR sólo ha comenzado ahora y el cambio será inevitablemente lento. Y no hay garantía de que los PR sean la respuesta adecuada al empeoramiento de la violencia que emana de los abusos corporativos. Pero los PR sí representan el mejor esfuerzo de la comunidad internacional realizado hasta ahora para abordar los impactos de las empresas sobre los derechos humanos y, en consecuencia, deberían ser considerados como una herramienta valiosa por todos los interesados.

Para los defensores de los derechos humanos, los PR son una herramienta de promoción para que los gobiernos asuman sus responsabilidades; para las empresas los PR especifican claras medidas de debidas diligencias para garantizar que sus operaciones respeten los derechos humanos; y para los Estados entregan una hoja de ruta de gobernabilidad que los ayuda a asegurar que las operaciones del sector privado respetan los derechos humanos y contribuyen al desarrollo sostenible.

Considerando que la experiencias algunas veces violentas del desarrollo basado en la extracción de recursos naturales en América Latina, los gobiernos deberían adoptar esta hoja de ruta a la brevedad.
*DIHR: Instituto Danés de Derechos Humanos.