Fracasos de la ley de APP ameritan su derogación

El afán de lucro de las empresas privadas se contrapone totalmente con el rol del Estado en el bienestar social, ésta y otras diferencias hacen que la misma ley de Alianza Público-Privada sea conflictiva.
CUESTIONAMIENTOS

Se puede verificar lo contraproducente de la legislación no sólo fuera del gobierno sino dentro mismo como el hecho observado entre la Contraloría General de la República, cuyo titular Enrique García, dictaminó en contra del proceso licitatorio del proyecto de modernización del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi que tiene un valor inicial de US$ 149 millones y que hizo cuestionar los límites del organismo por parte del Ministerio de Obras Públicas, un hecho sin precedentes.

Según la Ingeniera Industrial, Mercedes Canese, docente universitaria de la Fiuna y ex Viceministra de Minas y Energía, la Ley de APP se aprobó a pesar de las advertencias y las enormes movilizaciones ciudadanas. La resistencia ciudadana hizo que para el Poder Ejecutivo se enlentezca los proyectos de APP hasta el punto que en varias ocasiones los llamados a concurso fueron declarados desiertos por la falta de oferentes.

Canese también recuerda que en la polémica licitación de la APP de las Rutas 2 y 7 se presentó un solo oferente, un consorcio que se encuentra integrado de la siguiente forma:

“El consorcio integrado por Sacyr (España), Mota Engil (Portugal) y Ocho A (Paraguay), que es el único oferente de la licitación, realizará los trabajos de duplicación de las dos vías del país con una inversión de US$ 520 millones, informó el titular de la cartera de Obras. El monto mencionado es US$ 105 millones más caro respecto a la estimación inicial del MOPC, que era US$ 415 millones”. La oferta de Sacyr no sólo es mayor que la prevista, sino mucho mayor al costo real de rutas de doble carril. Sacyr oferta las rutas 2 y 7 a un costo unitario de US$ 2,8 millones, cuando en la región cuesta no más de 1,0 millón US$/kilómetro una obra similar, lo mismo que ocurre con los registros históricos del MOPC. Es decir, su inversión real será de tan sólo US$ 260 millones, a lo sumo, pero el Estado deberá pagarle en 30 años la sideral cifra de US$ 1.470 millones en forma directa o por los peajes que cederá a favor de Sacyr.

Canese concluye que las empresas oferentes que se encuentran adjudicadas o en concurso, cuentan con tremendas irregularidades y son causales de nulidad. Están con demandas en el exterior, vinculadas comercialmente con altos funcionarios públicos, ofrecen enormes erogaciones al Estado a cambio de obras de mucho menos valor. La Ley de APP, a su vez, impide los controles adecuados que anulen procesos tan fraudulentos como los aquí expuestos y, por lo tanto, debe ser derogada, para lo cual corresponde que se inicien los trámites legislativos pertinentes.

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