Coordinación precaria limita a las APP del país

Según BID, el Paraguay debe fomentar el clima de inversión

La coordinación entre las entidades estatales del Paraguay todavía es precaria y faltan competencias técnicas para la estructuración de contratos de Asociaciones Público-Privadas (APP), señala un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Como parte de su informe macroeconómico 2019, el BID argumenta que el país se encuentra en un proceso de consolidar la institucionalidad para las APP. Los mayores retos que afronta el gobierno consisten en mejorar la madurez operativa de los proyectos, fomentar el clima de inversión que enfrentan las compañías privadas y establecer facilidades financieras para apoyar dicho mecanismo, explica el documento.

El BID cita al índice Infrascope 2018, el cual evalúa la capacidad de los países a la hora implementar APP sostenibles y eficientes, como parte del análisis de la condición actual del desarrollo de infraestructura en el país. En este índice el Paraguay ocupa el puesto 12 de entre 19 países de América Latina y el Caribe, por debajo de Nicaragua, Costa Rica y El Salvador, posicionándose en la categoría de países emergentes.

Según el mismo índice, la mayor debilidad del país cuando se trata de crear un ambiente propicio para las APP tiene que ver con el financiamiento, materia en la cual Paraguay obtiene un puntaje de 37 de 100.

Al desagregar los indicadores principales del análisis, se destacan los bajos puntajes del país en lo que respecta a transparencia de las licitaciones, facilidad para cambiar contratos, coordinación entre ministerios, renegociaciones y sostenibilidad.

Estas falencias se reflejan en la puesta en marcha de diversas APP en el Paraguay, puntualmente en los casos de la modernización de aeropuerto Silvio Pettirossi y la ampliación de las rutas 2 y 7.

La modernización de la principal terminal aérea del país a través de una APP fue desechada por la actual administración del ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), mientras que la ampliación de las rutas 2 y 7, adjudicada al consorcio de Sacyr, Mota Engil y Ocho A, todavía no tiene financiamiento debido a que no se han concretado las expropiaciones de la franja de trabajo.

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