La ley tiene un nombre burocrático mucho más largo pero se la conoce como “de alianza público privada”, la ley 5102 y sus modificaciones. Aprobada en 2013, pocas leyes han sido tan tiroteadas por la clase política como ésta. ¿Razones? Que el proyecto original “vulneraba atribuciones exclusivas del Congreso Nacional, otorgando al Poder Ejecutivo facultades extraordinarias en materia de concesiones de servicios públicos” (Facundo Salinas Aguirre, “¿La inconstitucionalidad de la ley de APP o prejuicio ideológico? - 2016). Gracias a esta “heroica resistencia”, hay un solo proyecto en ejecución bajo esta modalidad… y nada más.