Ejecutivo analizará de vuelta el Acuerdo Escazú

A inicios de diciembre se trató el proyecto de ley que aprueba el Acuerdo de Escazú, un tratado regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, pero el Poder Ejecutivo retiró dicho proyecto del Congreso Nacional tras algunas críticas hacia el mismo.

A raíz de lo acontecido, el Ejecutivo explicó que se volverá a analizar el Acuerdo luego de las ferias ya para inicios de marzo del 2020. Los referentes de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), también alzaron su voz mediante un comunicado en donde expresan una postura al respecto.

“Es cierto que existen problemas de calidad del medio ambiente, pero hoy tenemos los elementos y las instituciones para protegerlo, lo que falta ciertamente es una férrea voluntad política para realizar acciones y así también dejar de coexistir con el concepto de los privilegios. El acuerdo Escazú viola las leyes de nuestro país bajo una intención benévola que al final perjudica a la producción y a la economía ambiental”, expresó Víctor Pavón, abogado y economista.

Argumentó al respecto que en el documento se expresan algunos puntos que van en contra de la Constitución Nacional, como el derecho de acceso. “Este derecho permite que toda persona u ONG ambiental pueda involucrarse y, al solo efecto de alterabilidad del medio ambiente, parar cualquier tipo de actividad. Esto, unido al concepto de principio precautorio (que dice que, sin necesidad de veracidad científica, se pueda suspender por decisión política alguna actividad determinada), podrían acabar con la producción”, sostuvo.

Señaló que otro de los puntos anticonstitucionales de este acuerdo tiene que ver con la autoridad competente.

“Ocurre que este documento daría atribución a las organizaciones, personas particulares o empresas que tengan interés en el medio ambiente para que puedan involucrarse directamente y hacer denuncias ante la posible afectación ecológica, pero con un agravante; el productor o la empresa denunciada deberá probar que no está causando daños ambientales”, expresó; y agregó que “el principio natural del derecho civil establece que quien acusa es el que debe probar, y no el acusado. Esta modificación subvierte a nuestra propia Constitución, además de avasallar contra la propiedad privada” expresó.

CONSECUENCIAS
Pavón manifestó que este acuerdo podría provocar una ralentización de la economía, ya que los productores e inversores no tendrán la certeza jurídica ni el cálculo económico para realizar alguna actividad.

“Tenemos que promover el debate, hacer charlas y conferencias sobre sostenibilidad y economía, y dialogar con el sector del campo para que cada vez más personas se interesen en el tema. Necesitamos instituciones con personas más informadas”, puntualizó.

El acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en Asuntos ambientales en América Latina y el Caribe fue adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018, con la visión que pretende garantizar los derechos de todas las personas a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible, dedicando especial atención a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad, pero para que entre en vigor, al menos 11 países de los 21 que lo han firmado tienen que ratificar el acuerdo.

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