Control de obras para cárceles se retrasa

El llamado es para la fiscalización de las nuevas penitenciarías

“Las obras para la construcción ya fueron adjudicadas, ahora habrá un proceso de llamado para la fiscalización de las mismas” indicó el arquitecto José Kronawetter, director de Obras del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), refiriéndose a la construcción de tres nuevas penitenciarías en Emboscada y Minga Guazú. El funcionario sostuvo que actualmente el control de calidad de los trabajos se hace con personal de la cartera estatal.

Según Kronawetter, todavía no se realizan en la zona obras de importancia que requieran equipamiento especial, sino más bien se trata de cercado perimetral, planta de concreto, pozos y movimiento de suelo. En principio la apertura de ofertas para el llamado a fiscalización estaba prevista para el 17 de enero, pero probablemente se va a postergar porque hay consultas nuevas por parte de los oferentes. Consultado sobre la decisión de retrasar el llamado a fiscalización y no hacerlo en paralelo, Kronawetter respondió que en el convenio firmado entre el MOPC y el Ministerio de Justicia se hablaba de que la fiscalización iba a ser conjunta.

“El problema está en que la gente de Justicia es muy poca como para poder llevar la fiscalización conjunta. Entonces no estamos teniendo el apoyo de la contraparte, por eso decidimos hacer un llamado para fiscalización tercerizada y nuestros fiscalizadores junto con los de Justicia pasarían a ser supervisores”, expresó el director. Por otro lado, dijo que se suele llamar en la mayoría de los casos para obras viales, y en esta ocasión se trata de una obra civil donde entran una serie de especialistas que no tienen las obras viales.

“Las empresas consultoras están armadas prácticamente para obras viales, consultan el porqué de cada especialista y tenemos que estar evacuando todas las dudas para que se adecuen al pliego de bases y condiciones (PBC) y a algunas empresas no les gusta eso y terminan protestando contra el PBC”, sostuvo. El director explicó que la construcción de las penitenciarías se realiza con unos andamios de aluminio que se fabrican en Colombia y Brasil y que llegarían en un mes y medio, ahí se carga el hormigón, “es un sistema de construcción muy eficiente”, calificó.

Cabe recordar que una de las penitenciarías tuvo un mes de retraso debido a la lentitud en el pago. El penal tendrá una capacidad máxima para 1.320 reclusos y contará con pabellones de máxima seguridad para la clasificación de criminales de alta peligrosidad. El terreno en donde se está construyendo el emprendimiento pertenece al Ministerio de Justicia y comprende una superficie de 29 hectáreas; tanto el bloque A como el B tendrán 35.000 metros cuadrados cada uno, una vez culminada la construcción general. 

El proyecto también prevé el resguardo de la penitenciaría antigua como patrimonio nacional. El lote 1 fue adjudicado a la firma Aponte Latorre por la suma de G. 62.324 millones. Además, la obra contará con pabellones habitacionales con caseta de control de acceso, área de ingreso y revisión, sectores de pabellón de visitas, muro perimetral con garitas, sanidad, sistema de seguridad, pabellón administrativo, de privadas, entre otros.

A esto se suman los lotes 2 y 3 que incluyen una penitenciaría más en la misma ciudad, y otra para la ciudad de Minga Guazú, en Alto Paraná. En este caso, las adjudicaciones fueron para el Consorcio Cordillera, con el Lote 2, por un monto de G. 62.299 millones; mientras que el lote 3, para la construcción de la cárcel de Minga Guazú, fue otorgado al Consorcio AGB Tocsa por G. 66.342 millones.

Los trabajos en los tres lotes tienen un plazo de 24 meses para culminar las obras. Una vez terminadas, las nuevas sedes albergarán el 40% de la población penitenciaria actual y se implementará un nuevo modelo de gestión basado en las exigencias internacionales, sobre el manejo de las personas privadas de libertad en materia de rehabilitación, seguridad y reinserción social.


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