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US$ 75 millones cuestan los beneficios extras

 
 
 

El ministro de Hacienda, Benigno López, se refirió ayer respecto a los reclamos que están realizando los funcionarios de las empresas públicas por los supuestos recortes que sufrieron en sus beneficios, que se estableció en el decreto reglamentario del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2020. El secretario de Estado aseguró que no han eliminado ningún beneficio sino que han considerado un monto prudente y que tampoco han recortado los salarios de los trabajadores. El titular de la cartera fiscal dijo además que estos beneficios cuestan al Estado unos US$ 75 millones o inclusive un poco más y que se irá reduciendo y reconduciendo hacia otros sectores como Educación, Salud e Infraestructura. López ratificó que no se tocó ningún beneficio, además de  aclarar que lo que se reduce es el monto y se pone un límite. “Nosotros no tocamos los beneficios. Los beneficios siguen siendo los mismos. Lo que se reduce es el monto. Se pone límite en cuanto a ayuda vacacional, ayuda alimentaria, subsidio familiar que se pone un límite de un salario mínimo por persona. Nosotros pensamos que era un monto adecuado”, alegó. Afirmó que mantiene un diálogo directo con los responsables de las instituciones públicas, además de la apertura de una mesa para los planteamientos respecto al tema. “Nosotros estamos en conversaciones directas con las entidades, que son las que administran su contrato colectivo, el presupuesto y el decreto. Entonces, en la medida en que ellos están viendo también que hacer y qué propuestas, abrimos una mesa con el Banco Central, con la ANDE, con Petropar, con la INC, que son los que se acercaron a presentar su problema y estamos avanzando en las conversaciones con ellos y veremos dónde llegamos”, puntualizó. Al ser consultado sobre que el decreto viola los contratos colectivos, el titular del Fisco dijo que todo contrato es revisable y que se tendrá que analizar a profundidad y de cada entidad, “el contrato colectivo puede ser revisado también”. Señaló que la discusión será si realmente los beneficios son un derecho adquirido. Así también fue consultado si a los trabajadores de la Ande se les paga por presentismo y dijo que también es algo que se debe revistar y ellos ya han iniciado un proceso de revisión que lamentablemente fue tomado muy mal por los sindicatos de dos o tres entidades. En cuanto a las manifestaciones programadas por algunos grupos sindicales, López comentó que están en su derecho constitucional, toda vez que no afecte la prestación de servicios trascendentales o de quienes deben trabajar. “Están en su derecho de manifestarse, es un derecho constitucional. Nada podemos hacer. En la medida que se deje trabajar a quienes deben trabajar, en la medida que no se perjudiquen la prestación de servicios trascendentales como son todos los servicios públicos, y en la medida que la gente no sufra la manifestación.  Yo no tengo problemas de hablar, de conversar sobre todos estos temas, que es un compromiso que se tiene, de reunirme con ellos, pero hasta ahora no pidieron”.




 

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