Plantean al Banco Central modificar modelos de pólizas

El día de ayer fue pre­sentada a la Superinten­dencia de Seguros una nota por la cual se solicita una modificación de las condiciones de las póli­zas de seguros fundada en una resolución, se­gún compartió para 5días Gustavo Osorio, primer superintendente de Segu­ros del Paraguay y actual miembro de la Asociación Internacional de Derecho de Seguros (AIDA).

La nota fue presentada por Osorio y Desiderio Sa­nabria, secretario general de la AIDA y se basa en un caso que demuestra que un inciso de una cláusula debe ser eliminado de los modelos de pólizas del seguro de automóvil, por ser considerada por el tri­bunal como una cláusula leonina.

 

CASO

Según señaló Osorio, el mencionado caso se trató de una persona que ase­guró su vehículo por G. 123,8 millones, el cual le fue robado y después de dos días fue hallado to­talmente quemado, ante este hecho, el asegura­do denunció el siniestro por robo y reclamó a la aseguradora la suma de G. 92,8 millones. La ase­guradora rechazó el si­niestro fundado a que las condiciones particulares específicas dicen: “Co­bertura de robo o hur­to total del automóvil, riesgo cubierto, cláusula 1”: por este adicional de cobertura, el asegurador se obliga a indemnizar al asegurado por el robo o hurto total del automó­vil objeto de este seguro y por la desaparición de sus accesorios, si estos cuentan con el adicional de cobertura correspon­diente. En el caso de que el vehículo fuese ha­llado antes de vencer el plazo establecido en las condiciones generales, el asegurador no res­ponderá por los daños ocasionados al vehículo mientras se hallaba en manos extrañas. Tam­poco se responsabiliza por la desaparición de sus partes componen­tes ni de sus accesorios. No se indemnizará el robo, la apropiación o no restitución del vehí­culo realizada en forma dolosa por quien haya estado autorizado para su manejo, uso o encargo de custodia, salvo que el hecho lo cometiera un tercero ajeno a estos. Y lo establecido en la “Cober­tura de daños materiales, casos no indemnizables, cláusula 5”: El asegura­dor no se responsabiliza en los siguientes casos, salvo pacto expreso en contrario; g) Cuando el siniestro sea consecuen­cia directa o indirecta del robo y/o hurto del vehí­culo asegurado.

Ante esta respuesta de la aseguradora, el asegu­rado recurre a la Justicia solicitando cumplimien­to de contrato por el robo del vehículo G. 92,8 mi­llones e indemnización de daños y perjuicios por daño moral de G. 27,8 millones, total reclama­do G. 120,7 millones. El juzgado de primera ins­tancia por SD Nº 773 de fecha 27/9/2010 condenó a la aseguradora a abonar la suma de G. 123,8 millo­nes en concepto de daños materiales, más intere­ses, costos y costas. La aseguradora, a través de sus representantes lega­les, recurre solicitando la nulidad y la apelación de la sentencia, porque con­sidera que el juez se ha apartado de lo estable­cido en el contrato entre las partes.

 

RESOLUCIÓN

Osorio explicó que el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala 1, en la primera parte del Acuerdo y Sentencia Nº 17, del 5/4/2017, expuso que el Juzgado al no re­ferirse a lo reclamado por el actor, ha incurrido en incongruencias, tanto citra petita como extra petita, que provocaron la nulidad de la sentencia recurrida. No obstante, el artículo 407 del CPC de­termina que si el Tribunal pudiera decidir a favor de la parte a quien aprove­cha la nulidad, no la pro­nunciará. El preopinante expuso, una vez anali­zadas las manifestacio­nes de las partes, que el seguro es un contrato de adhesión, donde la par­te asegurada no tiene posibilidad de negociar, puesto que las condicio­nes del contrato vienen impresas de antemano, siendo aplicable en con­secuencia lo dispuesto en el artículo 691 del CC en cuanto señala que “Cuando los contratos por adhesión contengan cláusulas restrictivas de carácter leonino, la par­te adherente podrá ser dispensada de cumplirlas o pedir su modificación por el juez, especialmen­te… a) las que excluyan o limitan la responsabili­dad del que las impuso”.

El Tribunal modificó la SD Nº 773 del 27/9/2010, en el sentido de reducir la condena a la suma de G 92,8 millones (porque es lo que solicitó el actor) y rechazar los intereses por no haberlos solicita­do el actor.