Cosa juzgada en la APP aeropuerto

Opinión | Theodore Stimson| Abogado

El Tribunal de Cuentas, mediante el acuer­do y sentencia 347 del 27 de octubre de 2017, hizo lugar al desistimiento de la ac­ción por el MOPC y confirmó que el dicta­men de la Contraloría General de la Repú­blica es un acto institucional no justiciable y de carácter vinculante y obligatorio para el MOPC.

En el numeral 1 de la parte resolutiva de la sentencia del Tribunal de Cuentas se hace lugar al desistimiento de la acción solici­tada por el MOPC, “de acuerdo con los al­cances de las consideraciones expresadas en el exordio de la presente resolución”.

El desistimiento de la “acción” a dife­rencia del desistimiento de la “instancia” implica la extinción del respectivo dere­cho. Es decir, determina la extinción del derecho en base del que fue articulada la acción ante el Tribunal de Cuentas, y el acuerdo y sentencia dictado en el proceso es inmutable. El proceso no puede reno­varse ante la misma o ante cualquier otra instancia, como la Corte, por ejemplo.

ACUERDO Y SENTENCIA

En las consideraciones del acuerdo y sen­tencia 347, el miembro del Tribunal, doc­tor Arsenio Coronel, acoge la tesis que el dictamen de Contraloría es un “acto in­termedio” no justiciable, porque no sa­tisface los requisitos de admisión de la acción establecidos en la Ley 1462 del año 1935.

La teoría de los actos propios, tan anti­gua como el derecho romano, la expresa la fórmula venire contra factum propium non valet. En este caso, el MOPC preten­día desconocer el contenido y los efectos del dictamen de la Contraloría y con sus propios actos admitió –la demanda ante el Tribunal- que el dictamen era vincu­lante conforme lo prevé el art. 20 de la Ley 276/94. Pero nadie, ni particulares ni Estado, pueden utilizar sus propias con­tradicciones en provecho propio y en per­juicio de los demás.

CARÁCTER VINCULANTE

Por una parte, el MOPC admite con sus propios actos el innegable carácter vincu­lante del dictamen de la Contraloría. Por otro, el desistimiento de la acción produce la extinción del derecho, la imposibilidad de renovar el proceso en cualquier instan­cia y la obligación del MOPC de acatar el resultado.

La Corte, respetando la cosa juzgada y el principio de inmutabilidad de la senten­cia, debe rechazar in limine la acción de certeza constitucional del MOPC. Si no lo hace, la Corte se expone a juicio político y a las consecuencias penales de estar com­prometido en delitos de de-sacato, preva­ricato y atentar con el orden constitucio­nal, conforme lo prevé el art. 138 de la CN.

La Constitución establece que en ningún caso funcionarios de otros poderes pue­den revivir procesos fenecidos (art. 248). El proceso de juzgar los efectos y conte­nidos del dictamen de Contraloría en el caso de la APP aeropuerto terminó con el acuerdo y sentencia 347 del Tribunal de Cuentas. La cosa juzgada, en final vin­culante e inmutable, y la pretensión de revivir ese proceso ante la Corte es in­constitucional, y otro quiebre del estado de derecho.

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