Eficiencia tributaria es base para el impuesto

Impuesto a la soja solo funcionará si mejora recaudación del Estado

Laura Cabrera

Dallas Hug  de Belmont

El cultivo de soja representa 3,4 millones de hectáreas de la superficie total del Paraguay. Desde el año 2000 la superficie de plantación
del cereal se triplicó en la región oriental. Esta expansión benefició a un sector de la población pero la misma tiene altos costos sociales y medioambientales para la otra cara del país, según expresó el ex Ministro de Hacienda, Dionisio Borda, en la Revista de Economía y Sociedad del Cadep.
Agregó que resulta imperativo modificar el actual sistema tributario si se quiere que las inversiones físicas y en recursos humanos mejoren en productividad, competitividad y el bienestar colectivo sea sostenible.
PROYECTO DE LEY
El proyecto de Ley presentado por el Frente Guasú, que propone cobrar 10% de impuesto por la exportación de soja en estado natural, tiene el fin de combatir las consecuencias del cultivo no sustentable.
El documento se encuentra pendiente de estudio en la Comisión de Hacienda en la Cámara de Senadores, según informó el senador Dionisio Amarilla.


RECAUDACIÓN POR TIPO DE IMPUESTO
En el 2017, el Iragro representó el 2,6% de las recaudaciones,por su parte el Iracis recaudó el 35,5%, el IRP el 1,6% y el IVA el 53% de todo
lo recaudado en el año pasado.
POSTURAS
La consulta es si realmente se necesita crear un nuevo impuesto o se debe formalizar y controlar los ya existentes. El abogado tributarista
Pedro Ayala de CPA Ferrere, en entrevista con 5días, señaló que existe una fuerte ineficiencia del Estado recaudador.
“El fisco no se está preguntando porqué no está funcionando su sistema y cuáles son las limitaciones”, indicó.
Ayala resaltó la necesidad de tomar medidas de control que no sean impositivas y que mejoren la recaudación, evitando la evasión de impuestos.
Agregó que el sector agropecuario es mucho más proclive a la evasión fiscal debido a la informalidad existente, “la clave es reforzar los controles”, puntualizó. Continuó diciendo que estas fiscalizaciones no deben ser solo a nivel del productor sino también a sus proveedores.
Aseguró que si se consigue paliar las evasiones, mejorar las recaudaciones, y se descubre que no son suficientes, entonces recién ahí se podría pensar en un nuevo impuesto.
Con respecto a las consecuencias que genera el cultivo de soja, indicó que los controles deben hacerse a nivel ambiental y social y no a nivel impositivo. Según Ayala, esto corresponde a otras instituciones como la Secretaría de Ambiente (Seam) o el Instituto Forestal Nacional (Infona). “Se deben respetar las leyes medioambientales, si eso no se respeta y no se castiga no estamos hablando de una inequidad impositiva sino de una injusticia social, que se debe castigar con multas y no con nuevos impuestos”, finalizó el contador tributarista.
Por otro lado, Sandra Noguera, Gerente General de la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (Cappro), manifestó que el proyecto de Ley es una amenaza para el desarrollo agrícola del país ya que no ayudará a fomentar la industria y puede desalentar las inversiones en Paraguay. La Cappro está comprometida con el agregado de valor de la soja en el país, pero la falta de una política industrial coherente y la inseguridad jurídica existente hace que sea muy difícil que la industria de molienda pueda crecer y consolidarse.
“Es una medida que a corto plazo puede ayudar a paliar situaciones puntuales, pero no son medidas a largo plazo” indicó Noguera.
Finalizó diciendo que es un impuesto que al afectar el precio puede generar desconfianza en el productor. Este podría optar por dejar de invertir y al hacerlo, el abastecimiento de las materias primas para las industrias procesadoras podrían verse afectadas.

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