El combate a la corrupción desde el Marco Jurídico

 Patricia Flor
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De acuerdo con el últi­mo ranking de Índice de Percepción de la corrup­ción publicado por la ONG Transparencia Interna­cional (IPC 2016), Paraguay sigue ubicado en una posición de país “altamente corrupto”. En un mundo globalizado, una percepción negativa que implique altos niveles de corrupción po­dría tornarse como potente repelente para los esfuer­zos de atracción de inversiones extranjeras.

Además, en muchos casos, ella se erige como un obstáculo para el crecimiento de la producción en la creación de bie­nes y servicios. Por tanto, en el marco de los esfuerzos que sectores públicos y privados vienen realizando para impulsar la economía y el desarrollo del país, es imperativo analizar ¿qué está haciendo Paraguay para combatir la corrupción? Con el propósito de servir de puntapié a dicho análisis, en este artículo exponemos a grandes rasgos, las medidas adoptadas hasta el mo­mento por Paraguay para combatir la corrupción.

En este sentido, creemos oportuno destacar que el Paraguay ha ratificado la Convención Interamericana de la Organización de los Estados Americanos (OEA) contra la corrupción del año 1996 (Convención Intera­mericana) y la Convención de las Naciones Unidas con­tra la corrupción (Cnucc).

En virtud de la Convención Interamericana, el Estado paraguayo ha asumido el compromiso de implementar medidas para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción. En el marco de la Convención Interamericana, Paraguay ha asumido la obligación de cooperar internacionalmente con los otros 32 Estados Partes, en lo pertinente a actos de corrupción que se cometan en Paraguay o que produzcan sus efectos en el país.

Por su parte, en virtud de la Cnucc, Paraguay ha asu­mido el compromiso de adoptar medidas de prevención y combate a la corrupción y de cooperar internacio­nalmente con los 179 otros países que han ratificado el instrumento.

A los efectos de propiciar el marco institucional para el combate a la corrupción, Paraguay ha creado la Se­cretaría Nacional Anticorrupción (Senac) en el año 2012, ha aprobado el Plan Nacional de Prevención de la Corrupción en el año 2016 y ha creado la Red de Trans­parencia y Anticorrupción en el mismo año.

En cuanto al marco legal, Paraguay tiene tipificado como delito penal el “cohecho pasivo” en el cual el su­jeto sancionado es el funcionario público involucrado en el acto de corrupción, y el “soborno”, en el cual el sujeto sancionado es el individuo que corrompe al fun­cionario público.

En contraste con lo anterior, consideramos relevante apuntar cuanto sigue sobre el marco legal vigente:

  1. I) No se encuentra tipificado como delito en Para­guay, el acto de corrupción entre actores del sector pri­vado, sean personas físicas o jurídicas.
  2. II) No se encuentra regulada en Paraguay la res­ponsabilidad objetiva (penal o administrativa) de las personas jurídicas en actos de corrupción.

III) No se encuentra tipificado como delito en Paraguay, actos de corrupción que involucren a fun­cionarios públicos extranjeros u organizaciones inter­nacionales públicas. Esto llama la atención aún más en vista de que Paraguay ha ratificado la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, en virtud de la cual el país ha asumido el compromiso de tipificar y sancionar este tipo de actos.

  1. IV) En virtud de la CNUCC, Paraguay ha asumido el compromiso de tipificar como delito penal, la malver­sación o peculado, apropiación indebida u otras formas de desviación de bienes por un funcionario público, cometidos intencionalmente, en beneficio propio o de terceros. Sin embargo, hasta el momento, el desvío, retención o malversación de fondos públicos está con­templado meramente como una infracción a la ley de Administración Financiera del Estado, pasible de san­ciones administrativas, pero no penales.
  2. V) El tráfico de influencias no está tipificado como delito penal. El tráfico de influencias es sin em­bargo un acto contemplado en la propia Constitución Nacional como causal de pérdida de investidura para el caso de que el sujeto que hace uso indebido de influen­cias se trate de senadores o diputados. El hecho debe ser comprobado fehacientemente para activar este re­sorte jurídico.
  3. VI) Finalmente, el enriquecimiento ilícito tampo­co se encuentra sancionado penalmente.

Por otro lado, no es menos relevante notar que si bien Paraguay sigue siendo un país “altamente corrupto” para el IPC 2016, en Paraguay se han adoptado medi­das que le han significado una mejoría en su califica­ción país, de acuerdo con dicho ranking. La percepción generalizada es que dicha mejoría se debe a la puesta en marcha de los preceptos legales dispuestos en la ley de “Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental” (Ley 5282/2014 regla­mentada por Decreto 4064/2015).

Con esta ley, la ciudadanía tiene una vía de acceso li­bre y gratuito a la información pública, sin necesidad de justificar motivos. Los entes del Estado tienen pro­hibido denegar al ciudadano el acceso a la información pública, salvo por resolución fundada. El plazo para que la entidad consultada proporcione la información pú­blica solicitada es de 15 días hábiles. Los funcionarios públicos que no cumplan con esta obligación se expo­nen a sumarios administrativos por responsabilidad personal.

En resumidas cuentas; no cabe dudas sobre el hecho de que la corrupción es un flagelo que aqueja a la economía y al crecimiento como sociedad y país. No es posible atraer inversiones ni alentar la producción nacional en un escenario que no frena la corrupción. Por tan­to, es imperativo analizar qué está haciendo Paraguay para combatir este fenómeno y por el otro lado, visua­lizar qué falta por hacer. Como en cualquier ámbito, es crucial conocer dónde estamos para a partir de allí, hacer camino hacia dónde queremos ir.

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