El siniestro en el Contrato de Seguro

Vencido el plazo del artículo 1597, y no habiendo causales de demora, el asegurador está obligado a satisfacer la indemnización al término de las mismas y a poner a disposición del asegurado el importe ajustado según las circunstancias por él conocidas.

Por Guillermo Fronciani 
ABOGADO

La ocurrencia del siniestro, y su pos­terior tramitación para liquidarlo, son los momentos más decisivos del contrato del seguro, donde se pone a prueba la eficacia del mismo, tradu­cida en una rápida y correcta indemniza­ción al asegurado. Es por tanto natural que gran parte de los problemas que se plan­tean en las operaciones de seguros, tengan lugar precisamente en la fase siniestral.

Producido el siniestro, el asegurado debe comunicar su acaecimiento a la entidad aseguradora con la mayor rapidez a fin de que ésta tenga conocimiento del mismo con celeridad, lo que facilitará los trámites para la liquidación.

Al respecto recordamos el artículo 1589 del Código Civil que expresa: “… El tomador, o el derechohabiente en su caso, comunicará al asegurador el acaecimiento del sinies­tro dentro de los tres días de conocerlo…”. Esta carga no debe requerir de formalidad alguna siempre que sea cierta, completa, precisa y pasible de que el asegurador pue­da corroborar después en base a las cir­cunstancias particulares del caso. Permite investigar sin tardanza las condiciones en que se ha producido, a fin de establecer si ha ocurrido dentro de los límites de la cobertura prevista en el contrato y conse­cuentemente determinar si el asegurado tiene derecho a ser indemnizado conforme a su póliza.

Otra carga es la obligación del asegurado de aminorar las consecuencias del sinies­tro y facilitar al asegurador la entrada y actuación, junto con los datos necesarios para proceder a la comprobación de los hechos. El mismo Artículo 1589 en su 2do. Párrafo prosigue: “…Además, el asegurado está obligado a suministrar al asegurador, a su pedido, la información necesaria para verificar el siniestro, o la extensión de la prestación a su cargo, y a permitirle las in­dagaciones necesarias a tal fin…”

Una carga del asegurado, no menos impor­tante constituye el salvamento. El Articulo 1610 del Código Civil expresa: “…El asegu­rado está obligado a proveer lo necesario, en la medida de las posibilidades, para evitar o disminuir el daño, y a observar las instrucciones del asegurador…”. La institu­ción del salvamento impone al tomador o asegurado la obligación de emplear todos los medios a su alcance para disminuir las consecuencias del siniestro, siempre que los gastos no sean “inoportunos o desproporcionados” a los bienes salvados. Es decir debe haber un equilibrio entre la estimación del siniestro en ese momento y el costo que implica salvar la cosa.

Así, el asegurado debe facilitar al asegura­dor la prueba de la existencia de los bienes asegurados pues cuando ocurre la destruc­ción total de los mismos, por ejemplo en un incendio o la desaparición por causa de un robo, el detalle descripto en la póliza constituye la única presunción a favor del asegurado cuándo no puedan aportarse otras pruebas. Pero cualquier prueba admi­tida en derecho será válida en tal supuesto. Por ello es conveniente en los seguros de daños, conservar facturas, o fotografías de los objetos asegurados que faciliten la prueba de su preexistencia.

Una vez efectuadas las investigaciones y peritaciones necesarias para determinar la existencia del siniestro ya sea por la pro­pia Compañía o a través de peritos, y no habiendo informaciones pendientes para el análisis del evento, el asegurador debe pronunciarse sobre el derecho del asegu­rado. Sobre el particular, el Código Civil en su artículo 1597 expresa: “…El asegurador debe pronunciarse acerca del derecho del asegurado, dentro de los treinta días de recibida la información complementaria prevista para la denuncia del siniestro. La omisión de pronunciarse importa acepta­ción. En caso de negativa, deberá enunciar todos los hechos en que se funde…”

Vencido el plazo del artículo 1597, y no ha­biendo causales de demora, el asegurador está obligado a satisfacer la indemnización al término de las mismas y a poner a dis­posición del asegurado el importe ajustado según las circunstancias por él conocidas.

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