Emigrar hacia las Acciones Nominativas: el control de la exposición ante el cese del anonimato

Por Néstor Loizaga
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La eliminación de las acciones al portador es, desde hace pocas semanas, Ley vigente en Paraguay.
Hacer negocios sin identificarse con nombre y apellido, manteniendo el anonimato mediante las acciones al portador, fue una herramienta útil para la protección de la privacidad y promovió la agilidad en los mercados. Ocurre que ese carácter secreto y la fluidez mercantil y legal de las acciones al portador, comenzaron a ser utilizadas para actividades ilegales, como el contrabando de armas, el blanqueo de dineros del narcotráfico, el financiamiento de actividades terroristas y la evasión fiscal. Así, entonces, desde hace casi dos décadas, en la persecución de esos crímenes, el secreto fue perdiendo terreno progresivamente en las sociedades comerciales en todo el mundo.

Las acciones al portador representan la participación que tiene una persona en el capital de una empresa y se mantiene físicamente como un certificado en papel, pero no identifica a su propietario legal ni requiere un procedimiento formal para su transferencia. Ahora, en Paraguay, bajo la nueva normativa, los accionistas de sociedades paraguayas con acciones al portador tienen 24 meses para intercambiar sus acciones por acciones nominativas; hay que poner el nombre. Las sociedades a través de su directorio deben reportar el cambio a la Abogacía del Tesoro, que es la entidad gubernamental encargada de supervisar a las sociedades.

Se trata de una legislación muy importante para Paraguay. Éramos uno de los últimos países en la región que permitía acciones al portador, lo que nos colocaba en riesgo de ingresar en la lista gris del Grupo de Acción Financiera de América Latina, GAFILAT, (anteriormente conocido como Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD). Esto habría tenido consecuencias muy graves, como la terminación de todos los acuerdos entre bancos locales y los bancos corresponsales extranjeros, restricciones para hacer negocios con empresas extranjeras, entre otros dejando a Paraguay aislado del sistema financiero mundial.

La eliminación de acciones al portador es parte de una serie de medidas adoptadas por el Paraguay para cumplir con GAFILAT y los 40 puntos del programa contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Paraguay está trabajando arduamente para aplicar la recomendación 24, que pide a los gobiernos que garanticen la existencia de información exacta sobre los beneficiarios finales de las empresas y propietarios legales.

El primer esfuerzo para cumplir con estas recomendaciones llegó en 2015 cuando la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero emitió una resolución obligando a las entidades supervisadas por el Banco Central de Paraguay a identificar a los propietarios legales del instrumento.

La ley recientemente promulgada tiene mecanismos para incentivar el cumplimiento bajo riesgo de sanciones. Los accionistas que no intercambian acciones al portador por acciones nominativas dentro de un período de 24 meses tendrán sus derechos económicos suspendidos con lo cual no podrán percibir dividendos. Las sociedades que no cumplan con la obligación de controlar y aplicar la conversión de al menos el 90% de acciones al portador en acciones registradas dentro del periodo de 24 meses estarán expuestos a multas de hasta US$8.000 y se suspenderá su registro único de contribuyente (RUC). Esto significa que la sociedad no podrá emitir facturas ni realizar operaciones comerciales al no tener timbrado ni CCT. Serán incapaces de operar con otros bancos, instituciones financieras, compañías de seguros, casas de cambio, los valores y las cooperativas de crédito debido a que la ley prohíbe dichas operaciones si no se regulariza la conversión dentro del plazo de 24 meses.

La transferencia de acciones también debe comunicarse en virtud de la nueva ley a la Abogacía del Tesoro. Las personas o empresas que vendan sus acciones deben comunicar a la empresa afectada de la transferencia, indicando su nombre, cédula de identidad o detalles de identificación tributaria (para empresas), así como su domicilio dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de la transferencia. La sociedad tiene que notificar la transferencia de acciones a la Abogacía del Tesoro en el plazo de cinco días hábiles a partir de la fecha en que el comprador o el vendedor les notificó. Las empresas que cotizan en bolsa están excluidas de las disposiciones relativas a la transferencia de acciones.

La ley es un paso en la dirección correcta en cuanto a la transparencia y acercará a Paraguay a la anhelada calificación de grado de inversión, lo que se espera a corto plazo. Sin embargo, hay algunas cuestiones sobre las que avanzar en el decreto: la ley apunta a saber quién es el beneficiario final (artículo 1) y, para saber quién es realmente el beneficiario final, no es suficiente tener acciones nominativas, a menos que las acciones están en manos de una persona física. No hay mecanismos en la ley para saber quién es el beneficiario final cuando las acciones están en propiedad de una sociedad (sociedad accionista de otra sociedad). También habrá que estudiar que la suspensión de derechos económicos (artículo 3), es fácilmente navegable en torno a si el accionista proporciona servicios o recibe un sueldo de la empresa.

Paraguay tiene una larga tradición de acciones al portador, por lo que muchas sociedades deberán modificar sus estatutos y actualizar sus registros. El rigor técnico de la asesoría que reciban las sociedades y sus accionistas será clave para poder hacer la transición hacia el cumplimiento de la ley con la menor exposición posible.

 

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