En la era del “lavajato” y “los cuadernos k”

PAOLA VILLALBA

Abogada y Especialista en Contratos Públicos

La cárcel sin contemplaciones, es un lugar común que comparten, por ejemplo, en Curitiba, tanto funcionarios públicos como el ex presidente Lula, con empresarios del sector privado. La prisión de actores públicos y privados por denuncias de corrupción, es un fenómeno puesto de moda por el ¨lava jato brasilero¨ y el reciente caso argentino conocido como ¨cuadernos K¨. Las normativas utilizadas para meter presos a quienes, aparentemente, se delatan y se traicionan mutuamente, son: la ¨ley de la delación premiada¨ del Brasil y su equivalente, ¨ley del arrepentido¨ de Argentina.

El ruido mediático de estos casos, y la tendencia a generalizar las acusaciones de corrupción, puede iniciar una sensación desproporcionada de temor, e inhibir los planes de obras públicas, más aún en estos momentos en que asume un nuevo gobierno en el Paraguay. En el primer caso, el del “lavajato”, el esquema funcionaba mediante acuerdos entre funcionarios púbicos y empresas contratistas, para adicionar rubros innecesarios o aumentar por demás la lista de cantidades que compone un paquete de obras. Así, luego de pagado el precio del contrato, se repartían el dinero que correspondía a los rubros o cantidades que fueron establecidos por demás en los contratos.

Una verdadera “Asociación Ilícita para Delinquir”. En el segundo caso , el de los “Cuadernos K”, no se conocen todavía muchos detalles. Ambos casos sirven como ejemplo para reflexionar acerca de ciertos aspectos de las contrataciones públicas por parte del gobierno entrante, cuyo eslogan principal fue el rescate de la institucionalidad.

EL PRECIO REFERENCIAL
Uno de los aspectos más sensibles a la corrupción en materia de contrataciones públicas lo constituye el “precio referencial”, el cual, si está bien determinado, es el sostén de la seguridad jurídica que el Estado debe ofrecer a sus proveedores. La legislación del Paraguay se limita a indicar que los precios de referencia serán elaborados por las “convocantes”, es decir, por la entidad que inicia un procedimiento determinado de contratación, pero no determina qué funcionario lo deberá hacer o qué calificaciones debe tener el funcionario a quien se le asigne la tarea.
La experiencia profesional indica que son pocas las entidades del Estado que confeccionan precios de referencias a través de funcionarios capacitados.

EL MODELO ARGENTINO
Una tesina me llevó a descubrir el modelo utilizado en la Argentina para la confección de los ¨precios de referencia¨, donde, la Sindicatura de la Nación, es la encargada de confeccionar los “precios testigos”-

SERGIO MORO VS EL MINISTERIO PUBLICO EN PARAGUAY
La serie “El Mecanismo” de Netflix se ven los esquemas y estructuras de investigación del Brasil, donde el juez Sergio Moro fue trascendental.

El Ministerio Público paraguayo es aun incapaz de abordar investigaciones como la que descubrió el “Lavajato” del Brasil. Las investigaciones realizadas hasta ahora por la fiscalía en el área de las contrataciones públicas, no solo han sido deficientes, sino que en muchos casos, sólo fueron utilizadas para desplazar a personajes molestosos del escenario político o de la administración pública. Las investigaciones aludidas, han tenido como eje principal la comparación del precio del contrato con los precios de venta al público en el mercado de ventas al detalle, o los precios de mercados municipales.

Algo muy rudimentario. A partir de dicha comparación, han establecido diferencias a las que denominaron “perjuicio patrimonial”, llevando con ello a números funcionarios públicos – casi todos políticos – a juicio oral y público, acusados de robar al Estado.

La ¨estimación del costo¨, según la ley y las reglamentaciones correspondientes, debe comprender no sólo el costo principal (el que puede estar dado por precios de venta al público o precios de mercados municipales), sino que además, por los costos financieros, tributos, fletes, seguros y comisiones, entre otros (Art. 15 de la Ley N° 2.051 “DE CONTRATACIONES PUBLICAS”).

En estas condiciones el Estado no podrá comprar a precios de mercados municipales o de venta al público en general, ya que ese precio es sólo uno de los criterios a considerar para la confección del precio de referencia, al que se deben agregar los otros costos señalados por la ley.

El Estado no puede tener una posición sobre precios de compras públicas en el ámbito administrativo (reglamentaciones, y otra posición con relación a los precios en el ámbito penal – cuando ejerce el rol de titular de la acción penal, tal como ocurrió hasta ahora.

Urge una política más precisa, por dos razones: 1. brindar seguridad jurídica a sus proveedores, quienes no deben estar expuestos a la posibilidad de una acusación contradictoria desde el punto vista legal, por lo referido anteriormente con relación a los precios y; 2. establecer una política anticorrupción que considere también el mismo inicio del proceso de contratación, asegurando con ello que el Estado pague precios justos y razonables, evitándose de esta manera la corrupción. ¿No les parece?

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