¡Es un derecho humano!

ANÁLISIS | Juan Pablo Fernández Bogado | @jpferbo

En las dos últimas décadas, diversos Estados, incluida la República del Paraguay, siendo el país número 100 con esta normativa, han integrado dentro de sus constituciones el derecho de acceso a la información, y en algunos casos se han aprobado leyes sobre transparencia y acceso a la información. En este sentido, algunos sistemas jurídicos nacionales, como el nuestro, han sido reformados con el objetivo de incorporar el alcance y contenido, así como el desarrollo que se le ha dado al artículo 13 de la Convención.
Después de su aparición en el Siglo de las Luces, el derecho de acceso a la información ha sido reconocido de manera progresiva y su aplicación se ha extendido durante los siglos XIX y XX. Suecia ha sido el primer país en abrir el acceso a los documentos públicos, con la famosa ley sobre libertad de prensa de 1766.
La declaración francesa de los derechos humanos de 1789 ha afirmado en su artículo 15 que: “La sociedad tiene el derecho de pedir a cualquier agente público que dé cuenta de su administración”, pero este principio prometedor no ha pasado de ser teórico. Después de la ley francesa de 1794, que ha hecho del acceso ya no un privilegio, sino un derecho cívico, este derecho ha sido aplicado de manera progresiva en todas las legislaciones nacionales durante los siglos XIX y XX.
El movimiento a favor de la libertad de información se inspira en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, la cual garantiza a cualquier individuo el derecho de “buscar, recibir y difundir las informaciones y las ideas de cualquier modo que sea”.
En el caso paraguayo, con el fallo Nº 1.306 de la Corte Suprema de Justicia del 15 de octubre de 2013, que sentó jurisprudencia sobre el derecho humano de acceso a la información pública, consagrado en el artículo 28 de la Constitución Nacional, la promulgación de la Ley 5282 de “Transparencia y acceso a la información pública”, y su posterior reglamentación en el Decreto 4064/15 “por el cual se reglamenta la Ley 5282/14”, el Paraguay abrió las puertas a la transparencia, a la posibilidad de contar con un sistema público fiscalizado, además de ser una herramienta de lucha contra la corrupción, de fomento a la participación ciudadana y la rendición de cuentas públicas.
Mirando los antecedentes históricos, el derecho de acceso a la información es una herramienta crítica para el control del funcionamiento del Estado y la gestión pública, y para el control de la corrupción. Es un requisito fundamental para garantizar la transparencia y la buena gestión pública del Gobierno y de las restantes autoridades estatales. El pleno ejercicio de este derecho es una garantía indispensable para evitar abusos de los funcionarios públicos, promover la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión estatal y prevenir la corrupción y el autoritarismo.
¿Cuándo llegara el día, que, en el Paraguay se tenga un cumplimiento total del derecho a la información? Porque hasta el momento los administradores de turno, en muchos casos, se quedan en el discurso y no cumplen la ley.

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